Autor: Alejandro Hope
En México, la violencia no para y la inseguridad no cede.
En este año que termina, aproximadamente 38 mil personas serán asesinadas. Asimismo, se acabarán cometiendo en 2019 unos 33 millones de delitos. La impunidad será el destino en 99% de esos casos. Todo eso es cierto. Todo eso invita a la depresión y el fatalismo. Sin embargo, existen, en mi humilde opinión, varias razones para mantener un moderado optimismo:
1. Eventualmente, la demografía va a ayudar. Como es bien sabido, la población mexicana está en un proceso de envejecimiento acelerado. Eso significa que el tamaño del grupo poblacional más propenso a cometer delitos (hombres entre 15 y 29 años) va a disminuir en términos relativos y, en algunas décadas, en términos absolutos. Múltiples estudios científicos han encontrado que la reducción en el tamaño de la población masculina joven está asociada con una disminución en la incidencia delictiva. El efecto no es muy potente, pero apunta en la dirección correcta.
2. La evolución tecnológica podría tener efectos pacificadores en el largo plazo. Por una parte, el cambio tecnológico puede hacer más difícil la comisión de algunos delitos. Ese hecho es visible ya en el caso del robo de autos: desde 2009, la tasa de robo por 100 mil vehículos registrados ha disminuido casi 40%, producto en parte de la masificación de tecnología defensiva (alarmas, GPS, etc.). Algo similar podría suceder con el robo a casa habitación o el robo de celular. Asimismo, la tecnología puede transformar otros tipos de delitos. En específico, puede acercar a los productores y consumidores de bienes ilícitos. Ya sucede hoy en el caso del fentanilo, por ejemplo: un comprador en Estados Unidos puede encontrar en la llamada red profunda a un productor en China, pagar en criptomoneda y recibir el envío por paquetería. En la medida que esa práctica se extienda, se reduciría la necesidad de contar con violentas redes de distribución.
3. México cuenta hoy con mejores datos sobre el fenómeno delictivo que hace diez años. En particular, es destacable el esfuerzo que ha hecho el Inegi: hoy contamos con encuestas anuales de victimización (y bianuales para el caso de las empresas), múltiples censos temáticos (gobierno, procuración de justicia, etc.) y otros instrumentos estadísticos. Eso no existía hace una década. Igualmente, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han mejorado muchísimo en los últimos años. El país tiene mucho mejor información para empezar a hacer política basada en evidencia.
4. La base de conocimiento sobre temas de seguridad y justicia en México ha crecido exponencialmente desde el inicio del siglo. Basta con revisar la bibliografía académica reciente para percibir el fenómeno. El número de especialistas en la materia no ha parado de crecer y hoy se está formando en las mejores universidades del mundo una camada impresionante de jóvenes académicos con interés en la materia. La discusión pública sobre el tema va a mejorar enormemente en los próximos años.
5. La densidad organizacional en temas de seguridad y justicia se ha expandido a gran velocidad en los últimos años. La sociedad civil enfocada en el tema es de una diversidad enorme: incluye lo mismo a organizaciones dedicadas al análisis de políticas públicas (México Evalúa, Causa en Común, Observatorio Nacional Ciudadano) que a colectivos locales o regionales de víctimas, pasando por mesas de seguridad u observatorios locales. Eso está empezando a cerrar el principal déficit del sistema de seguridad y justicia: la rendición de cuentas.
En resumen, el presente es
horrible, pero el futuro puede ser muy distinto.
Feliz año nuevo.
alejandrohope@outlook.com. @ahope71
