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Bonilla y la SCJN: lo importante sobre lo urgente

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Autor: Veronica Malo

La carga de trabajo y los sueldos del Inegi. Todos los que hemos estado a cargo de un despacho u oficina gubernamental, no importa el nivel ni el sector del que se trate, conocemos ese momento en que lo urgente nos “come” el tiempo para atender lo verdaderamente importante; esto es, lo crucial para la estrategia, para la dependencia, la ciudadanía y el país.

Pareciera que eso es lo que le ocurre a nuestra SCJN de cuando en cuando. Al menos eso explicaría el que esta máxima autoridad (en voz de uno de sus ministros, Alberto Pérez Dayán) le diera prioridad a pronunciarse por la autorización de que el Inegi mantenga durante el presente año sus niveles y montos salariales de 2019, mismo si algunos de estos son superiores al que percibirá el Presidente de la República.

Evidentemente no disputo nada sobre el criterio resolutivo de la mayoría de Ministros de las salas de la la Suprema Corte; creo que las reducciones salariales impuestas por el Ejecutivo federal, vía el Poder Legislativo, es una forma de vulnerar la autonomía constitucional y el funcionamiento de este y otros órganos autónomos (¡ya no se digan los recortes y re acomodos presupuestales, administrativos y estructurales!)…

No. Simplemente sugiero a la SCJN, muy respetuosa y atentamente, mantener un balance entre desahogar lo “apremiante” y atender lo fundamental.

Se estrena Margarita Ríos-Farjat. Es más, lo que sea de cada quien, no tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta por 11 ilustres ministros —que tampoco perciben ningún pobre sueldo—, para analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y resolver sobre nimiedades. Por ello, más bien habría que conminarlos a que no se dejen llevar por presiones políticas que reclaman resolver “lo urgente” y de relumbrón, y se aboquen a emitir una resolución sobre lo importante.

Me refiero a que es fundamental que la SCJN se pronuncie YA en CONTRA de la Ley Bonilla, no sólo por ser ilegal, sino por sus tamaños anticonstitucionales. Por tratarse de un engaño a la población de Baja California y un atentado a los principios de cualquier régimen democrático. Porque, en mi opinión, los otros dos poderes federales no la han denunciaron con suficiente contundencia.

Los mexicanos podemos entender que el máximo órgano judicial quería esperar a estar plenamente integrado, máxime si recientemente se incorporó una gran constitucionalista como es la ministra Ríos-Farjat. Pero ahora sí ya estuvo bueno de demorar el asunto. La impecable recomendación de Tribunal Federal Electoral —que la propia Corte solicitó— la tienen los ministros en sus escritorios desde hace más de dos meses. Así que es momento de “ponerle la última velita al pastel y soplar duro”.

Todos, comenzando por lo bajacalifornianos, queremos asegurarnos de que el Ejecutivo estatal cumpla la ley y sólo gobierne esa entidad dos años. Eso, además de que lo dicta la norma, es nuestro más profundo deseo y no puede esperar.

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