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Salud: dos modelos incompatibles

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Autor: Darío Celis

La guerra que se libra en el sector salud es sólo una muestra  del verdadero problema que enfrenta la 4T en su afán por retomar el modelo económico anterior al adoptado en los ochentas.

Y es que en aras de regresar al Estado a una posición protagónica, se están perdiendo los avances que se obtuvieron en la cobertura de salud a la población mexicana.

En el libro “Proteger a México”, el que fuera secretario de Salud, Julio Frenk, hace una radiografía de cómo este “pleito ideológico” puede dejar en situación aún más vulnerable a la población, pues al querer desmantelar el sistema se está dejando de suministrar a los ciudadanos los bienes y servicios que requieren en materia de salud.

El foco del análisis de Frenk es, por supuesto, el Seguro Popular, el cual fue creado durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud en el sexenio de Vicente Fox, y que estaba enfocado a ciudadanizar la cobertura de salud, independientemente de la calidad laboral del beneficiario.

En ese sentido, el ahora rector de la Universidad de Miami considera que el Insabi es un paso atrás, ya que está diseñado para tener control corporativo sobre la población con fines políticos y electorales, más que a impactar a la población más vulnerable que es la que carece de esquemas de seguridad social dentro de la formalidad laboral.

En ese sentido, analiza también la falta de eficiencia de organismos como el IMSS y el ISSSTE pues, aunque mantienen a la fuerza laboral “formal” en un sistema de salud, el primero es ineficiente y progresivamente destructivo, ya que el grueso de los presupuestos se destina cada vez más a mantener las pensiones de los trabajadores que no fueron recortadas y en cambio mantienen el control corporativo del gremio en manos de los gobiernos. 

Por otra parte, la rotación de personal en el sector formal implica la pérdida de la afiliación para un tercio de los asegurados en el IMSS, lo cual afecta sus tratamientos y los deja indefensos. Hay al menos 1.2 millones de diabéticos de un total de 3.8 millones detectados en el Seguro Social que ya no tienen derecho a consulta.

Parte del problema es que el IMSS tiene el monopolio de la prestación de servicios médicos a los trabajadores y obliga a éstos y a los patrones a pagar las cuotas, que al menos en una proporción del 30% nunca se devengan en servicios.

En la práctica conculca los derechos a la salud y obliga a los ciudadanos a pagar, sin utilizar, para volver a pagar los servicios a los agentes privados o incluso a quienes carecen de la suficiente formalidad, como son las farmacias con servicio médico, que ya suman 80 mil empleados dedicados a este rubro.

La ineficiencia del IMSS y el ISSSTE y la precariedad del empleo, se refleja en el gasto de bolsillo promedio de los ciudadanos en cuidados y fármacos y que asciende a 5 mil pesos per cápita.

POR CIERTO QUE otra vez están en el ojo del huracán las dependencias encargadas de proteger y dar servicio a la población en materia de salud. Al grave problema de desabasto de medicamentos, sobre todo los necesarios para atender a los niños que padecen cáncer, ahora hay que agregarle el de la imposición de etiquetados frontales de advertencia a alimentos y bebidas no alcohólicas para, según la nueva NOM 051, combatir la obesidad y el sobrepeso.

Y es que los funcionarios de la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer y de la Cofepris que maneja José Novelo, definieron una norma para que los productos pre envasados lleven etiquetas octagonales y negras que indiquen a los consumidores que lo que van a consumir tiene exceso de grasas trans, sodio, edulcorantes, azúcares o calorías, sin atender los argumentos de los empresarios grandes, medianos y pequeños sobre la afectación a la industria alimentaria mexicana con esa medida arbitraria. Por supuesto, surgieron los cuestionamientos sobre las pruebas científicas de que una calcomanía negra en un paquete de papas, un pastelillo o un jugo envasado lleve a la reducción de la obesidad en la población.

El Consejo Coordinador Empresarial y especialistas en la materia señalan que hay múltiples factores que los funcionarios dejaron fuera de la NOM 051 para enfrentar ese problema de salud pública. La IP urge un análisis serio y sustentado de esa normativa que en la práctica impactará negativamente a la industria formalmente establecida, a los convenios internacionales en la materia y, principalmente al consumidor, que requiere de información fidedigna para tomar sus decisiones. 

ACTUALMENTE MÁS DE 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud, en tanto que los principales gastos son en medicamentos con recetas (25.6%); consultas médicas privadas (16.3%); honorarios profesionales en hospitalización (14.1%) y la hospitalización misma (13.6%). La falta de recursos en las empresas, saber qué habilidades deben formar y la desmotivación de sus trabajadores, son las principales causas por las que los CEOs no implementan programas de capacitación, de acuerdo con información de IDC.

Los directivos de empresas en el mundo se quejan de la falta de competencias de sus colaboradores, pero sólo 18% de ellos tiene un programa para capacitarlos, de acuerdo a la última Encuesta Global de Directores Ejecutivos de la consultoría PwC, que dirige aquí Mauricio Hurtado, y presentada durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos. En México la cifra no es alentadora, sin embargo, el gobierno ha desarrollado iniciativas en las que involucra la participación del sector privado. El ejemplo más claro es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

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