Autor: Álvaro Delgado
Aunque este año sólo habrá elecciones de ayuntamientos en Hidalgo y de diputados en Coahuila, 2020 será –ya es– políticamente intenso con la elección de cuatro consejeros del INE y la eventual reforma electoral que establezca nuevas reglas para la contienda de 2021, la más grande de la historia contemporánea de México.
Además de los partidos políticos, los grupos de presión y de interés han comenzado a fijar posturas a favor o en contra de la legislación y las instituciones vigentes que regulan la competencia electoral, sobre todo, ante las señales ominosas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la coalición que encabeza Morena para modificarlas.
Una iniciativa del diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, puso a la defensiva a la oposición, debido a que propone rotar la presidencia del INE a partir de este año y reducir el periodo de nueve a seis años del presidente Lorenzo Córdova, quien llegó al cargo con el impulso de Enrique Peña Nieto.
López Obrador y Morena ya descartaron toda reforma a las reglas electorales, que exige una mayoría calificada que no se ve posible sin el PRI, pero la oposición partidaria y los grupos de interés como Coparmex y similares insisten en denunciar que se pretende vulnerar la “autonomía” del INE.
Más que una reforma electoral, la disputa que ya está en curso es por sólo cuatro de los 11 consejeros del INE, cuya convocatoria emitirá esta semana la Cámara de Diputados, que representan una cuarta parte del Consejo General que modificaría la correlación de fuerzas internas por primera vez en 17 años.
En este contexto es que, el 31 de enero, se emitió el documento “Una nueva reforma electoral ¿para qué”, firmado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, un grupo que liderea José Woldenberg, el primer presidente del órgano electoral sin el control del gobierno. No es un pronunciamiento desinteresado. Todo lo contrario: además de manifestar sus preocupaciones sobre la autonomía del INE, este grupo pretende mantener el control de importantes –y millonarias– posiciones en el Consejo General y en la estructura ejecutiva.
“Ninguna fuerza, ninguna mayoría tiene derecho a ajustar las reglas del juego democrático por sí sola y a su propia conveniencia, pues si algo hemos aprendido en el ciclo democrático de 30 años, es que las normas electorales, como ninguna otra, deben ser fruto del consenso de los actores que acuden al juego electoral”, exige este grupo al que pertenece Córdova, quien, el sábado 1, emitió un pronunciamiento en la misma línea.
Pero es falso lo que postulan: si bien la reforma de 1996 permitió integrar un Consejo General equilibrado, con Woldenberg al frente, desde 2003 se lo han repartido PAN y PRI, con migajas para PRD y PVEM.
Qué bueno que se abre la discusión sobre el INE. El árbitro electoral no debe volver al control del gobierno, pero tampoco estar integrado facciosamente por el PRIAN y grupos de interés, como el de 2003.
