La cifra de pacientes muertos por haber recibido un medicamento contaminado en el hospital Regional de Pemex en Villahermosa ya va en cinco, sin que las autoridades de esa paraestatal, ni el director general, Octavio Romero Oropeza, ni el director del Hospital, José Luis Oramas Vargas, se dignen a dar públicamente la cara y a explicar este caso de negligencia criminal. Los cinco muertos eran pacientes de hemodiálisis a los que se les suministró Heparina Sódica contaminada que Pemex compró a un particular de dudosa experiencia como distribuidor de medicamentos de nombre José Roche Pérez, cuyo domicilio fiscal, resultó ser una vivienda sencilla ubicada en la calle Antonio Rullan Ferrer 208 A, en el municipio de Centro, Tabasco.
El presidente López Obrador, cuando se refirió escuetamente al tema, la semana pasada, lamentó la situación y dijo que se realizaría “una investigación para determinar las causas” y prometió que “habría castigo para los responsables” de este acto de negligencia. Sin embargo han pasado ya dos semanas desde que se reportó la primera muerte, el pasado 27 de febrero, y hasta la fecha no se ha dado a conocer ningún resultado de esas investigaciones y mucho menos se ha señalado qué autoridades fueron responsables de la compra de un medicamento caducado y que transmitió bacterias a los pacientes que lo recibieron durante su proceso de hemodiálisis causándoles una severa infección que les costó la vida.
La crisis
de Pemex, con las
cinco muertes lamentables y más de 26 casos de pacientes afectados, vuelve a poner sobre la mesa
el tema de los supuestos ahorros presupuestales en la compra de medicamentos
(ahorros que en el mejor de los casos fueron de 5%) y el cambio de proveedores
y laboratorios que tenían años, décadas surtiendo de medicamentos e insumos a
los hospitales públicos.
Una austeridad mal aplicada y sospechas de corrupción llevaron a autoridades,
tanto de la Oficialía Mayor de Hacienda, en la época de Raquel Buenrostro, como a los Hospitales de Pemex, a adquirir medicamentos
de dudosa calidad y de proveedores no certificados ni confiables, con lo que se
puso en riesgo no sólo los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas
sino, como en el caso del Hospital Regional de Villahermosa, también su vida.
Sorprende en toda esta penosa situación no sólo el silencio vergonzoso de las autoridades de Pemex, sino su poco tacto y su falta de atención a las familias de las cinco víctimas fatales, que se quejan de que no han tenido apoyo de las autoridades. Pareciera que la vida de cinco beneficiarios de su sistema de salud, no son un problema que amerite que Octavio Romero salga de su ostracismo habitual y asuma la responsabilidad de deslindar al menos quienes fueron los responsables de comprar y de administrar a los pacientes medicamentos en mal estado; su actitud, junto con la del director del hospital, José Luis Oramas Vargas, hermano del exsenador del PRI Arquímedes Oramas Vargas, quien es cercano y fue suplente en el Senado del también priista Humberto Mayans, que recientemente fue nombrado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como consejero independiente de Pemex.
Para colmo está el caso de la subdirectora administrativa del Hospital de Pemex, Norma Gabriela Ergaiz Zurita, quien según se comenta en Villahermosa, llegó al cargo apenas el año pasado y lo hizo presumiendo en el hospital su cercanía “de amiga íntima” del presidente López Obrador. Ella es la directamente responsable de la compra de los medicamentos y de la adquisición de la Heparina sódica caducada que ocasionó la muerte de los cinco pacientes hemodializados en el hospital. ¿Con tantos vínculos políticos y amistades y cercanías realmente habrá “castigo a los responsables” como prometió el presidente?
Por lo pronto, mientras las investigaciones ordenadas por el presidente avanzan lentas y hay también una investigación abierta por la CNDH para indagar la violación de derechos humanos de los pacientes muertos, lo que es un hecho es que Pemex y su hospital en Villahermosa están resultando más letales para los mexicanos que el Covid-19, ya con cinco decesos por negligencia y sin justicia para las víctimas ni sus familias.
NOTAS INDISCRETAS…
Al cuestionado director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet Díaz, le estalló ayer en Coahuila la llamada “Rebelión del Carbón”, que reclamó la falta de compras de esa paraestatal de toneladas del mineral, lo cual ya provocó el cierre de empresas. Mineros, empresarios y proveedores de esa industria, realizaron ayer marchas en las principales ciudades coahuilenses, debido a que la CFE suspendió desde que empezó la 4T la compra del mineral para sus carboníferas, lo que provocó el colapso de la principal zona carbonífera del país, ubicada en el norte de esa entidad. Tan sólo en Monclova marcharon 20 mil personas, desde empresarios hasta obreros, pequeños industriales y familias para llamar la atención y exigir solución, al problema. Desde fines de 2018 se agravó la situación de la cuenca carbonífera, cuando la comisión anunció la suspensión de contratos que garantizaban la compra de 3 millones 200 mil toneladas anuales de carbón. La empresa pública sólo ha mantenido compras menores emergentes, pero insuficientes para las mineras de carbón, que han quebrado de manera paulatina. La principal región carbonífera del país representa 95 por ciento de las reservas del mineral y se encuentra al norte del estado de Coahuila, en una extensión de 16 mil kilómetros cuadrados…Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
