La emergencia sanitaria por el coronavirus ha provocado escasez a nivel internacional de los ventiladores necesarios para el tratamiento del colapso pulmonar, grave mal que presentan algunas de las personas contagiadas. Un ambiente de mucha demanda y poca oferta se presta, es sabido, no sólo para el aumento de precios, sino para la especulación y el coyotaje.
En México han surgido muchas interrogantes, y muy pocas respuestas, sobre la compra de ventiladores realizada por el IMSS, por un monto de 93 millones de dólares, a una empresa desconocida en el mercado de equipos biomédicos y cuyo operador ha sido investigado y sancionado en Estados Unidos y México.
Pero, desgraciadamente, no es la única compra oficial de equipamiento para la crisis a un personaje singular (¿o habría que decir sospechoso?). La otra la realizó la Secretaría de la Defensa Nacional, fue por un monto de 52 millones de euros, y el beneficiario del contrato es un peñista que durante su paso por la Secretaría de Gobernación se hizo famoso por andar en la fiesta en vez de en la chamba. (Nada raro en ese sexenio, dirían algunos, pero en fin).
La semana pasada, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló la existencia de esa asignación directa de la Sedena para comprar 1,330 ventiladores.
¿A quién le compró el Ejército esos aparatos? A una empresa de reciente creación, de la que son socios exfuncionarios de Protección Civil, de tiempos de Miguel Osorio Chong.
“El accionista mayoritario es el exsenador José María Tapia Franco, quien en 2018 fue coordinador en la Ciudad de México de la campaña del candidato priista a la Presidencia, José Antonio Meade”, dice la nota. “La adjudicación fue directa, amparada en el decreto del 27 de marzo de 2020 que reconoce la epidemia del Covid-19 como de atención prioritaria, lo cual permite dispensar el procedimiento de licitación pública. El pedido incluye 600 ventiladores marca Hamilton, de Suiza, cada uno a un precio de 33 mil euros (unos 846 mil pesos), además de 730 ventiladores modelo Shangrila, marca Aeon Medics, provenientes de España y China, con valor unitario de 35 mil euros (alrededor de 898 mil pesos)”.
La empresa que recibió la asignación directa se llama Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV, y nació el 19 de diciembre de 2018. Tapia Franco, que de 2013 y 2016 fue director general para la gestión de riesgos en la Coordinación de Protección Civil, tiene el 50 por ciento de las acciones.
Tapia es aquel funcionario (es un decir) de Protección Civil que, en septiembre de 2013, mientras las tormentas Ingrid y Manuel amenazaban con destruir el patrimonio y la vida de cientos de guerrerenses, andaba “dando el grito” en Las Vegas. Osorio Chong no le quitó la chamba luego de esa enorme pifia, y en cambio el PRI, ese que algunos añoran (¿increíble, no?), después lo premiaría con chambas y hasta una suplencia en una senaduría.
Pero hay gente a la que la vida no deja de sonreírle. Llegó una nueva administración –uno que dice detestar la puerta giratoria donde funcionarios salen del gobierno y a los pocos meses ya viven de prestar sus servicios (es un decir) en el mismo giro por el que cobraban en la administración– y Tapia se volvió contratista del gobierno.
A López Obrador le encanta atacar a la prensa. Ayer dio todo un concierto al respecto. Pero no le encanta dar explicaciones sobre los contratos que está dando su gobierno, sí, SU gobierno, a personajes de singular reputación como el que recibió el contrato del IMSS de Zoé Robledo, o este Tapia, que con una empresa que no tiene ni año y medio de vida, ya se agenció un contrato, con cláusula de confidencialidad y toda la cosa, por 52 millones de euros y la obligación de entregar ventiladores de aquí a diciembre (cuando se supone que lo peor de la crisis sanitaria habría pasado).
Qué raro es el presidente Andrés Manuel. Promete luchar contra la corrupción y no se interesa porque se explique al público cómo es posible que empresas como las citadas salgan de la nada y, PUM, se agencien megacontratos.
AMLO toda la vida dijo que el Fonden, es decir, los dineros de emergencia para las tragedias, eran utilizados para la corrupción. ¿De verdad no ameritan el contrato del IMSS de Zoé Robledo al empresario (es un decir) Baldemar Pérez Ríos o el de la Sedena al neoempresario (ídem) José María Tapia una investigación de la Función Pública y un señalamiento del Presidente de la República, de que si hubo algo más se castigará a los responsables? ¿O eso sólo aplica para los responsables del pasado y no de su administración?
AMLO regala contratos a gente, digamos, “polémica”. Fain.
