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Cancelan compra de 2 mil 500 respiradores a empresario ligado a fraudes

respiradores

El Instituto Mexicano del Seguro Social rescindió el contrato para la adquisición de 2 mil 500 ventiladores médicos con la empresa Levantig Global Servicios LLC, propiedad de Baldemar Pérez Ríos, por incumplir con el plazo de entrega.

Los ventiladores que se utilizarían para atender la pandemia por Covid-19 debieron ser entregados el 14 de abril, 15 días naturales después de la firma del contrato, pero los dispositivos no llegaron. El contrato con IVA incluido ascendía a 93 millones de dólares, que al tipo de cambio del 30 de marzo, cuando se firmó, eran unos 2 mil 223 millones de pesos.

El pasado 3 de abril, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que el IMSS  adjudicó de manera directa un contrato con la empresa Levanting Global Servicios LLC por 2 mil 500 ventiladores pulmonares para atender la contingencia Covid-19.  

Posteriormente, MCCI PUBLICÓ cuestionamientos de tres expertos en aparatos biomédicos que señalaron el elevado costo de los equipos encargados por el IMSS; manifestaron además que ellos, con décadas en el mercado de estos aparatos, nunca habían escuchado de la empresa que recibió el contrato.

El 8 de abril, MCCI reveló que la proveedora del equipo médico era una empresa de servicios petroleros que fue constituida el 24 de febrero de 2015 en Missouri City, en la zona conurbada de Houston, Texas. En los registros de la oficina de finanzas de Texas, hasta 2018 aparecía como director de la empresa Baldemar Pérez Ríos (también mencionado como Baldemar Ríos, e incluso en otros documentos se le identifica como Valdemar).

Pérez Ríos fue sentenciado por juez federal en julio de 2017 en Estados Unidos por haber servido de supuesto testaferro en el fraude millonario de una compañía “fantasma” que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Pemex.

Además, en el año 2007, Ríos fue investigado en México por la Secretaría de la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasma” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010. Las investigaciones derivaron en la inhabilitación de una de sus empresas, pero no impuso penas a los accionistas.

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