A la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, le está quedando chica la comparación con su antecesor, Virgilio Andrade, quien exoneró al expresidente Enrique Peña Nieto y a su colaborador más cercano, Luis Videgaray, de los conflictos de interés y presuntos actos de corrupción relacionados con las entonces casas más famosas del gobierno federal: la Casa Blanca y la Casa de Malinalco.
La Cuatroté –Carlos Urzúa dixit– está conformada por un gabinete cuyos integrantes poseen fortunas que podrían envidiar muchos de los neoliberales que abomina su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los relojes caros, las casas en zonas de alta plusvalía, los departamentos en el extranjero, las fiestas suntuosas y otras opulencias se les han documentado a por lo menos ocho de los funcionarios del gabinete, y el Presidente no ha dicho una sola palabra, a pesar de que un día sí y el otro también utiliza la máxima tribuna del país para moralizar sobre la riqueza y los lujos.
El discurso de la austeridad republicana, la justa medianía, la humildad, la crítica al “consumo enfermizo”, a la opulencia, a los lujos y a los dispendios por parte de Andrés Manuel López Obrador ha quedado enterrado por el comportamiento y la hoja de vida de sus propios funcionarios; los de su primer círculo, los del gabinete presidencial que se supone deberían predicar con el ejemplo, pero sólo lo hacen con saliva.
El caso más reciente –y quizá uno de los más graves porque se trata de la encargada de investigar la corrupción en la administración pública– es el de Irma Eréndira Espinosa, quien, según una investigación de Latinus, acumula propiedades en su círculo familiar que rondan 60 millones de pesos, las cuales no fueron transparentadas como lo prometió el presidente López Obrador. “No habrá opacidad en mi gobierno”, aseguraba.
Pero la doble moral con la que se conduce la secretaria de la Función Pública no tiene que ver sólo con los bienes materiales y los lujos, sino con los perfiles que integran puestos clave de su dependencia, algunos de los cuales han sido formados en los regímenes populistas de Fidel Castro y Nicolás Maduro, y al mismo tiempo con funcionarios vinculados al salinismo neoliberal.
Los principales contrastes entre los funcionarios que acompañan a Sandoval se encuentran en sus dos subsecretarías: por un lado, la encargada de combatir la corrupción que está en manos de un grupo cercano a Carlos Salinas de Gortari; y por el otro, la responsable de combatir la impunidad bajo la dirección de un ingeniero en Computación formado en el Instituto Superior Politécnico de La Habana, Cuba.
Empecemos con el caso del nuevo subsecretario de Combate a la Impunidad, Luis Gutiérrez Reyes, considerado la mano derecha de Irma Eréndira, aun desde su anterior puesto en la Función Pública como director general de Tecnologías de Información. Gutiérrez Reyes ha sido la sombra de la funcionaria desde que inició la actual administración, pues la acompaña en casi todos sus recorridos, aun cuando estos nada tuvieran que ver con su otrora posición.
Con nula experiencia en el área de contraloría o auditoría, la máxima virtud del subsecretario es haber sido colaborador del más autoritario gobierno considerado de izquierda; tal y como lo especifica su currículum cuando relata sus asesorías de 2009 a 2018 a la cadena gubernamental venezolana La Nueva Televisión del Sur.
De acuerdo con la propia Irma Eréndira, la virtud que colocó a Gutiérrez Reyes en su actual encargo fue la lealtad, toda vez que carecía de credenciales para ocupar una subsecretaría encargada de dictar lineamientos en materia de ética y conflictos de interés dentro de la administración pública, así como establecer políticas y sanciones en el caso de las denuncias en contra de los servidores públicos.
Con su llegada, el actual funcionario desplazó a la abogada constitucionalista Tania de la Paz, personaje con amplia trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia.
En el otro extremo, los lazos de la subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, a cargo de Roberto Salcedo Aquino tiene línea directa con el salinismo, en específico con la exsecretaria de la Contraloría General de la Federación de ese sexenio, María Elena Vázquez Nava.
Actualmente, Vázquez Nava preside una firma de auditores que provee servicios para la elaboración de Libros Blancos de la Administración Pública, que entre sus socios tiene a Armando Salcedo Cisneros, hijo del subsecretario de Control y Auditoría de la Cuatroté.
Bajo ese binomio en las subsecretarías se explicaría la razón por la cual funcionarios como Manuel Bartlett –otrora secretario de Educación de Carlos Salinas– han sido exonerados cuando son acusados de posibles actos de corrupción. A Bartlett se le documentó un imperio inmobiliario de 23 propiedades que no fueron debidamente declaradas.
Así que, los gustos suntuosos y culposos marcarán también el sexenio de AMLO. En las notas periodísticas quedarán para la historia el Cartier de Irma Eréndira; el Rolex de Marcelo Ebrard; los IWC y los zapatos Ferragamo de Arturo Herrera; los depas en Houston de la ex ministra Olga Sánchez Cordero y del secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú; las celebraciones a todo lujo de los hijos de Miguel Torruco en plena pandemia; los ranchos, aviones privados y clubes hípicos de Alfonso Romo y las mansiones de Manuel Bartlett en las Lomas y el depa del St. Regis.
Apenas una pincelada de lo que en realidad es la Cuatroté y que bautizó magistralmente en su columna de ayer Sergio Sarmiento: unos ricos vergonzosos. O la ex senadora de Morena, Lily Téllez: unos ricos de clóset.
