Rocío Nahle destruye la confianza de los inversionistas. De Europa a Estados Unidos, pasando por Canadá, la titular de la Secretaría de Energía genera zozobra, terror. Su obsesión por destruir todo lo que hizo el gobierno pasado en el sector de hidrocarburos y electricidad para instaurar una nueva política energética estatista que sólo se entendería hace 20 o 30 años ha hecho pedazos la certidumbre con la que los inversionistas están acostumbrados a jugar en cualquier mercado. El problema, sin embargo, no es sólo de Nahle y del Presidente que la respalda, sino de todo el gobierno porque el descrédito generado en el exterior costará mucho repararlo, mientras que por la vía jurídica, a nivel local e internacional, también se han comprado pleitos que muy probablemente México va a perder.
La nueva política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue diseñada por personas que no tienen experiencia en el sector. Uno de ellos, el principal ideólogo de la contrarreforma, se llama Alberto Montoya Martín del Campo, actual subsecretario de Planeación y Transición Energética. Es comunicólogo de formación y ex catedrático de la Universidad Iberoamericana. Montoya Martín fue reclutado por Manuel Bartlett al inicio de la década actual para integrarse al denominado Frente por la Defensa del Petróleo, fundado por AMLO en 2008. A la postre, Bartlett, quien tampoco tiene experiencia técnica en la industria, se encargó de reclutar a otros académicos para elaborar manifiestos nacionalistas y así combatir la reforma energética implementada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La ideología de los funcionarios de la 4T se combinó con la impericia y el revanchismo de Rocío Nahle, quien como legisladora de Morena enfocó su agenda a criticar todo lo hecho por el gobierno anterior, incluidos los pactos de inversión con empresas de Estados Unidos. No obstante, en más de una vez se ha visto exhibida ejerciendo las mismas prácticas, como cuando el gobierno mexicano acordó en lo oscurito con Donald Trump recortar menos producción de lo que la OPEP+ le pidió a México. También con la falta de transparencia en el otorgamiento de contratos por adjudicación directa en la refinería de Dos Bocas.
La cancelación de nuevas rondas de hidrocarburos, el freno a las subastas eléctricas y los cambios en los contratos con empresas de gasoductos fueron el preludio de lo que vendría. A finales de abril, el Cenace modificó el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional para darle a la CFE la prioridad en la venta de electricidad y ordenó detener la puesta en operación de nuevas plantas de generación de energía eólica y solar. La orden vino de la Secretaría de Energía, que días después hizo oficial la modificación con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La respuesta de los privados fue una ola de amparos y suspensiones definitivas a su favor. La Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión sobre la medida y posteriormente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue admitida ayer, con lo que se detienen las acciones de la Sener.
No obstante, el problema ya no es sólo local; trascendió hasta las representaciones diplomáticas y cámaras empresariales de la Unión Europea y Estados Unidos.
A mediados de junio, el Instituto Americano del Petróleo acusó al gobierno federal de discriminar las inversiones de empresas estadunidenses, principalmente las dedicadas a la venta de combustibles y construcción de terminales de almacenamiento, lo cual viola los compromisos adquiridos por México en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entra en vigor mañana.
La queja la escalaron al secretario del Departamento de Estado, Michael Pompeo; al titular del Departamento de Energía, Dan Brouillette, y con el Departamento de Comercio, a cargo de Wilbur Ross. Por si fuera poco, este fin de semana los fabricantes estadounidenses de combustible y petroquímicos incluidos en la American Fuel & Petrochemical Manufacturers enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestando su preocupación por las acciones tomadas por el gobierno de López Obrador, ya que consideran que amenazan las inversiones, ingresos y empleos de las empresas estadounidenses que tienen presencia en México.
Las quejas incluyen el retraso de los permisos para desarrollar infraestructura energética en el país, así como cancelar permisos de importación y crear vacíos y exenciones en las regulaciones, lo que favorece a Pemex, dijo Chet Thompson, presidente y CEO de la organización cuyos miembros generan 3.5 millones de empleos en Estados Unidos.
Otra carta que no ha trascendido públicamente, pero que también pone en riesgo la inversión europea en México y el renovado TLCUEM, la envió el lunes pasado el representante del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC, por sus siglas en inglés), Ben Backwell, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, con copia al secretario de Hacienda, Arturo Herrera; al canciller Marcelo Ebrard; al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y a otros integrantes del gabinete y de la Cámara de Diputados.
En la carta se habla de una “profunda preocupación por el deterioro del ambiente de inversión en energías renovables en México”. Backwell expuso que el país se comprometió a alcanzar 35% del consumo de electricidad con fuentes limpias en 2024, meta de la que aún está lejos con 8% de capacidad eólica actualmente operativa en el sistema eléctrico.
“Las energías renovables representan un polo de atracción de divisas relevante para la economía nacional con más de 17 mil millones de dólares de inversión, las cuales han desencadenado un ciclo de prosperidad y retornos socioeconómicos muy significativos en México. Tan solo el sector eólico ha inmovilizado inversiones superiores a 12 mil millones de dólares”, expuso.
Este ciclo de retornos para la sociedad y la economía está amenazado por decisiones políticas que han afectado los planes de expansión de las empresas, acompañadas de sucesivas disposiciones y actuaciones administrativas que han generado profunda inseguridad jurídica, agregó. “Esto afecta la certeza y perdurabilidad inherente al marco legal bajo el que se habían originado, poniendo en riesgo la continuidad de nuevas inversiones y comprometiendo la sostenibilidad financiera de las existentes”.
El representante de la GWEC, que agrupa a más de mil 500 compañías, organizaciones e instituciones de energías limpias con negocios en todo el mundo, añadió que el severo deterioro del ambiente de inversión en el sector se combina con el escenario agravado por la crisis del Covid-19, el cual ha situado al mundo ante un desafío económico y social sin precedentes.
El escenario no podría ser peor para México. Y no solo las organizaciones empresariales de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea están en contra del cambio de reglas por parte de la Secretaría de Energía, que en la mayoría de los casos es ilegal; en el propio gabinete alucinan a Nahle. Al menos dos funcionarios de primer nivel coinciden en que, junto con Manuel Bartlett, son tóxicos para la confianza, credibilidad y estabilidad económica del país.
