El desempleo toca a la puerta de una de cada cuatro personas trabajadoras en nuestro país. El grueso no pertenece a la economía informal. Se trata de trabajadores por cuenta propia, desamparados de la seguridad social o empleados con puestos de trabajo precarios porque laboraban para unidades productivas que operan irregularmente.
Las políticas del gobierno federal para atender la crisis del desempleo, provocada por el coronavirus, no contemplan a la inmensa mayoría de esas personas. Se diseñaron antes de la pandemia y por tanto sus beneficiarios no son las mismas víctimas.
De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), la epidemia sanitaria arrojó al desempleo a más de 12 millones 500 mil personas.
Este instrumento de medición recogió datos en abril y por tanto no incorpora información relativa a mayo y junio. Por tanto, la cifra actualizada superaría, conservadoramente, los 14 millones de desempleados, un 25% del total de la Población Económica Activa (Jonathan Heath, Forbes 03.06.20).
De acuerdo con el IMSS, en el mismo periodo se perdieron 1 millón 30 mil empleos formales, es decir menos del 8% del empleo total extraviado. Esto quiere decir que, cuando menos, 9 de cada 10 personas desempleadas laboraban en el sector informal.
Desde el comienzo de la crisis el gobierno federal propuso tres medidas para apoyar la economía de las personas afectadas por la pandemia:
La creación de 2 millones de empleos a partir de los grandes proyectos de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas); Créditos a la palabra para las empresas que tienen a sus empleados registrados en el IMSS y el fortalecimiento de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo a Adultos Mayores o beneficiarios de Sembrando Vidas.
El problema es la miopía que impide ver que los conjuntos no se tocan. Como están diseñadas las políticas originales difícilmente un integrante del grupo de los 12.5 millones de desempleados recibirá apoyo del gobierno federal. Los dos millones de empleos previstos a partir de las grandes obras de infraestructura son para personas cuya actividad dista, en su mayoría, de los sujetos afectados por la pandemia.
A manera de ejemplo, es prácticamente imposible que un mesero despedido pueda, de la noche a la mañana, convertirse en un obrero constructor del Tren Maya. No cabe aprender en días un oficio para el que toma toda una vida pertenecer.
Las personas que perdieron el empleo son prestadores de servicios, trabajadores industriales, técnicos en computación, asistentes de procesos, camareras de hotel, trabajadoras del hogar, comerciantes de frutas, artesanos, etcétera. No existe un pase mágico que les convierta en refinadores de petróleo o responsables de una torre de control.
Los dos millones de puestos imaginados al principio de la actual administración tenían como destinatarios a otros desempleados, y no las víctimas del coronavirus. Y, en el mejor de los casos, esa cifra de nuevos empleos podría apoyar solamente a 1 de cada los 7 desempleados mencionados por la ETOE.
Algo similar ocurre con los programas sociales, en particular con Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa se diseñó para atender a una población que ya estaba desempleada antes de que la epidemia arribara a México. Su padrón no se ha ampliado significativamente, pero, sobre todo, no está pensado para apoyar a quienes ya no son jóvenes y son los más afectados por los despidos.
El programa de créditos a la palabra, destinado a empresas inscritas en el IMSS, no es tampoco una solución por las razones expuestas antes. Si solo una de cada diez personas desempleadas está inscrita en el Instituto, resulta obvio que las empresas beneficiadas por este programa gravitan muy lejos de la inmensa mayoría de los desempleados.
Los datos y los contextos del desempleo actual urgen a reformular los programas de apoyo a la clase trabajadora. Es necesario diseñar ayudas que permitan sobrevivir la circunstancia, sobre todo de las personas que trabajan por cuenta propia, así como de los desempleados que antes laboraban para el sector informal.
