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Compras con sobreprecio, así los gastos del gobierno en la pandemia

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En un país donde las emergencias y desastres naturales ocurren cada año, es fundamental contar con procesos de compra pública eficientes y transparentes. Sin embargo, la ausencia de mecanismos extraordinarios no permite monitorear el destino de los bienes adquiridos de manera oportuna. México no cuenta con un protocolo homologado para realizar contrataciones al momento de responder a una emergencia.

En México, las compras realizadas para atender la COVID-19 han sido discrecionales y opacas. Más de mil 100 millones de pesos gastados no cuentan con información suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos, las cantidades requeridas y los precios unitarios.

El Gobierno de México ha establecido la posibilidad de adquirir bienes y servicios sin necesidad de llevar a cabo una licitación pública, a través del decreto que declara acciones extraordinarias para la COVID-19. Si bien en los procesos de compra pública la principal recomendación es fomentar la competencia económica mediante concursos, la medida adoptada es adecuada para realizar acciones rápidas y efectivas, pero conlleva riesgos de corrupción que no deben de ser ignorados.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las compras realizadas por las dependencias facultadas para hacer compras de emergencia con base en el decreto publicado el 27 de marzo. Estas son: 

  • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
  • Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
  • Secretaría de Marina (Semar)
  • Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
  • Secretaría de Salud (Ssa)

¿Cómo han sido las compras públicas por la pandemia en México?

Para cada dependencia, el IMCO analizó los tiempos y montos de contratación, grado de transparencia, proveedores, condiciones y precios de los bienes adquiridos para la emergencia, lo que permitió identificar tendencias y patrones preocupantes que dificultan el monitoreo y vigilancia de los recursos públicos. Los principales hallazgos son:

  1. El gasto ejercido por las dependencias de salud es significativamente menor en comparación con el de 2019. A pesar de enfrentar una de las mayores crisis de salud en la historia, de enero a junio, el IMSS gastó 13 mil millones de pesos menos que durante el mismo periodo del año pasado. 
  2. La falta de protocolos de contratación en emergencias no permite identificar compras de preparación para la pandemia. No es posible identificar las compras de insumos necesarios para la atención de la COVID-19 durante los meses de enero y febrero, vitales para prepararse para la emergencia.
  3. La opacidad y falta de información. Gran parte de las compras analizadas incumplen con los requisitos mínimos de transparencia establecidos en la ley. El 26% del monto adjudicado en el año, directamente por el IMSS, carece de un fundamento legal que avale su ejecución. Más de 700 millones de pesos gastados por el instituto no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.
  4. Anomalías y posibles casos de sobreprecio. El ISSSTE y la Sedena han adquirido equipo médico especializado por parte de empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud. El ISSSTE ha pagado hasta seis veces más que el IMSS  por equipamiento médico similar.
  5. La imposibilidad de rastrear las compras realizadas por el Insabi. No hay un solo registro público disponible sobre las compras y adquisiciones realizadas por el Insabi. La distribución de millones de piezas de material y equipo médico, así como la ejecución de programas de inversión de más de 9 mil millones de pesos, se han realizado en total opacidad.

La falta de información detallada. En Compranet no es posible distinguir entre las compras de emergencia y las destinadas a las actividades normales de las dependencias.

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