Por Gabriela Rivera
@gabs_07
Cuidar los recursos naturales en México puede costarte la vida: la lucha contra los mega proyectos económicos que afectan a las comunidades originarias y los ecosistemas en México trae consigo amenazas, violencia, secuestros y asesinatos.
En los últimos tres años, en México han muerto 42 activistas ambientales en nuestro país, pero el número se ha incrementado con el paso de los años, lo que significa que la violencia contra estos ciudadanos no disminuye.
Los asesinatos de los defensores ambientalistas colocan a México en el sexto lugar más peligroso para estas personas, de acuerdo con el informe ¿Enemigos del Estado?, elaborado por la organización civil Global Witness.
Pese a que el numero de activistas asesinados va a la alza en medio de proyectos económicos controversiales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha manifestado por los defensores asesinados, mientras que las autoridades estatales no muestran avances en las investigaciones.
Asesinados incluso en tiempos de pandemia
En mayo de este año, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que ni la pandemia ha detenido los asesinatos: hasta esa fecha se habían registrado 10 muertes violentas de activistas en Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Sonora.
El 8 de abril pasado fue asesinado Adán Vez Lira, quien fue defensor del territorio y observatorio de aves en La Mancha, Veracruz. Su mayor oposición era a la minas de cielo abierto que pretendían instalarse en Actopan y Alto Lucero, que afectarían los humedales donde viven las aves.
Adán viajaba en su motocicleta por un camino rural en Actopan, Veracruz, cuando fue interceptado y acribillado con un arma de fuego; su cuerpo se encontró tendido en el camino con nueve balazos.
En marzo de este año también fue asesinado Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor en Morelos, quien estuvo vinculado a varios casos de ella defensa del medio ambiente en ese estado. El 23 de marzo de esta año, lo acribillaron en la puerta de su hogar, en Juitepec, Morelos.
Un día antes, Paulina Gómez, conocida como la “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta” fue asesinada El Salvador, Zacatecas; había desaparecido tres días antes. La necropsia reveló que murió por disparo de arma de fuego.
Antes de la pandemia, otro asesinato que conmocionó a los activistas y las asociaciones civiles fue el de Homero Gómez González, quien defendía los bosques de Michoacán y el santuario de la Mariposa Monarca.
Aunque las autoridades dijeron que se había asfixiado accidentalmente cuando cayó a un pozo de agua, su familia, amigos y colaboradores aseguraron que Homero había sido amenazo en varias ocasiones y dos de sus familiares fueron asesinados por el crimen organizado.
Ante la ola de crímenes que se han reportado en estos meses y en los últimos años, Benjamín Berlanga Gallardo, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, aseguró que la dependencia se encuentra preocupada por los ataques que sufren los defensores ambientales.
Datos del Mecanismo de para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) señalan que entre 2019 y 2020 creció exponencialmente el número de activistas y colectivos que solicitaron su ingreso al mecanismo.
Hasta mayo de este año había 247 beneficiarios de este programa que están relacionados con la defensa del medio ambiente en todo el país.
Sin embargo, los asesinatos a estas personas quedan impunes, ante la debilidad del sistema judicial de nuestro país, aseguro Berlanga Gallardo.
“No es capaz de poder sancionar lo que está pasando, la agresión a la vida, la criminalización, un sistema judicial verdaderamente débil, frágil que nos tiene colocados en esta situación, y por último un sistema normativo medioambiental ambiguo, tan ambiguo que tiene las uñas limadas en sus garras, y ahora hasta sin presupuesto”, dijo el funcionario.
