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#Conteo: 10 políticas que debe saber López Obrador para combatir la corrupción

#Conteo: 10 políticas que debe saber López Obrador para combatir la corrupción

El combate a la corrupción y la impunidad requiere de la voluntad política, pero no solo se requiere la honestidad de una sola persona o funcionarios, sino que operé sin importar quién esté al frente del gobierno

10. Fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Guberna-
mental (ENCIG), después de los partidos políticos y las cámaras de Dipu-
tados y Senadores, las instituciones encargadas de la persecución de los delitos y la impartición de justicia son las que menos confianza generan
entre los ciudadanos: 69% desconfía de los polícias, 67% desconfía del
Ministerio Público y 61% desconfía de los jueces y magistrados.

9. Cerrar los espacios para la corrupción en las compras y contrataciones del gobierno.

Las compras y contrataciones que realiza el gobierno son uno de los prin-
cipales espacios para la creación de relaciones de corrupción, tanto por la forma en que se realizan, como por los montos que implican (alrededor de 21% del presupuesto público se utiliza en contrataciones gubernamen-
tales).

8. Crear un padrón único de proveedores y contratistas del gobierno.

El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (Compra-
Net) fue creado en 1996 como un esfuerzo para disminuir los espacios para la corrupción al transparentar digitalmente la información de las compras y contratos del gobierno, así como para ofrecer información sobre los con-
tratistas y los procesos de asignación.

7. Reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la reasignación del presupuesto.

La posibilidad de controlar el destino de los recursos públicos es conocido
como el “poder de la bolsa”. En México existe la creencia de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, es el único momento de decisión sobre la forma en la que se utilizará el erario. Sin embargo, a lo largo del año el ejercicio del presupuesto puede modificarse de manera unilateral, sin un proceso de discusión o negociación, haciendo que, en la práctica, el gasto final del gobierno tenga una distribución muy diferente a la aprobada originalmente.

6. Impulsar la bancarización y eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones .

Una parte considerable de los mecanismos utilizados para el desvío de recursos públicos, delitos electorales y corrupción en el sector privado pa-
san por el uso intensivo de dinero en efectivo. La imposibilidad de rastrear su origen o destino, así como la facilidad con la que éste puede utilizarse y transportarse, hacen del dinero en efectivo una de las principales herramientas de la corrupción.

5. Crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales.

La pobreza, en todas sus dimensiones, es uno de los principales problemas
para la gran mayoría de mexicanos. De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), 52.9% de los mexicanos tiene pobreza patrimonial, 50.6% vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar, 19.6% padecen pobreza alimentaria y 17.5% tienen un ingreso por debajo del mínimo indispensable. Si se considera la evaluación previa, hecha en 2014, los resultados han mejorado marginalmente, pero desde una perspectiva más amplía, se rompió una tendencia histórica de abatimiento constante de la pobreza y la situación de hoy es prácticamente igual a la de hace 15 años.

4. Reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos.

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional que
busca promover la transparencia, combatir la corrupción y habilitar la
apertura por medio de la tecnología. La AGA fue conformada en 2011
por ocho países: México, Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica,
Inglaterra y Estados Unidos. Hoy está conformada por 75 naciones.

3. Erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas.

El gran problema de la democracia electoral mexicana se llama dinero. Ya lo había sido antes, en el siglo XX, por la falta de recursos de los partidos de oposición para competir cara a cara con el partido en el poder. Hoy el problema es diferente y se llama exceso de dinero. La escasez del siglo XX limitó el pluralismo y perpetuó la hegemonía de un partido por varias décadas. El exceso del siglo XXI es uno de los principales gérmenes de la corrupción en el país.

2. Impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2019 se cometieron 33 millones de delitos, de los cuales sólo 3.4 millones fueron denunciados, es decir,
89.4% de los delitos no fueron reportados a los autoridades. Una parte
importante de esta deficiente cultura de la denuncia se encuentra en los propios vicios de las instituciones, ya que una vez que una denuncia entra al sistema de justicia, sólo 1.14% de los casos logra esclarecerse.

1. Incorporar al sector privado en el combate a la corrupción.

El papel del sector privado en la corrupción es ambiguo y, a veces, contradictorio. Por un lado, las empresas son víctimas de diversos tipos de corrupción y se pronuncian en contra de estos. De acuerdo con datos de
la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental
en Empresas (ENCRIGE) de 2016, a nivel nacional 561 de cada 10,000
empresas que realizaron trámites durante el año experimentaron al menos
un acto de corrupción. Esta tasa se incrementa hasta 1,317 empresas por
cada 10,000 para el caso de empresas grandes, y 755 empresas por cada
10,000 para el caso de empresas en el sector industrial.

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