México Unido Contra la Delincuencia presentó el informe “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”
La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) ha lanzado una alarmante alerta sobre el papel creciente y preocupantemente opaco de las Fuerzas Armadas en la política y economía mexicana. A través de su más reciente publicación, “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”, la ONG destapa cómo la expansión del poder militar en México está socavando los principios de transparencia y fiscalización, apuntando a una creciente influencia de las fuerzas armadas en esferas no tradicionalmente asociadas con el ámbito militar.
Dirigida por Lisa Sánchez, MUCD pone en evidencia el alarmante grado en que las Fuerzas Armadas han asumido roles fuera de su competencia directa, manejando vastos recursos financieros destinados a proyectos emblemáticos de la administración actual sin la debida supervisión. Este informe subraya que tal empoderamiento va en detrimento de los derechos civiles, la institucionalidad democrática, y refuerza la preeminencia del poder militar sobre el civil en el país.
El análisis detallado en el documento revela que los militares están al mando de 30 empresas, un salto significativo en su esfera de influencia que ha sido facilitado por la transferencia de 20 empresas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al ámbito militar en este sexenio. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha visto un notable incremento en su presupuesto, con 142.7 mil millones de pesos destinados para 2024 a la operación de proyectos críticos como el Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación, junto con un fideicomiso militar que alberga más de 69 mil millones de pesos.
Sánchez critica este fenómeno como una aceleración preocupante en el proceso de militarización del gobierno mexicano, señalando los riesgos que esto conlleva en términos de transparencia, rendición de cuentas y potencial corrupción. La falta de supervisión civil sobre estas vastas sumas de dinero, argumenta, abre la puerta a abusos de poder, especialmente preocupante dado el monopolio de la fuerza que ejercen las Fuerzas Armadas en el país.
El informe también arroja luz sobre la práctica de asignar recursos militares a tareas que se desvían significativamente de sus responsabilidades de seguridad pública, con un porcentaje importante de estos recursos reasignados para cubrir actividades no relacionadas con la disciplina militar. A pesar de los significativos sobreejercicios presupuestarios de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar), que ascienden a más de 153,000 millones de pesos entre 2019 y 2023, los resultados de estas asignaciones no se traducen en mejoras tangibles en seguridad o eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Además, se critica la opacidad en la gestión de estos fondos, especialmente a través de fideicomisos sin estructura orgánica, que permiten una flexibilidad y un mínimo de rendición de cuentas en el manejo de cantidades significativas de dinero. La Sedena, en particular, se destaca como una de las instituciones con mayor participación en estos fideicomisos, solo superada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Mirando hacia el futuro, Sánchez advierte que independientemente de quién gane las próximas elecciones presidenciales en México, es probable que la política de militarización continúe, dado el aplazamiento hasta 2028 para que las Fuerzas Armadas se retiren de las funciones de seguridad pública. Esta continuación del modelo actual, argumenta, no solo falla en abordar efectivamente los problemas de seguridad del país, sino que también fortalece aún más el “negocio de la militarización”, potenciando el poder y la influencia de las Fuerzas Armadas a expensas de la democracia y la transparencia en México.
