El plan “Vuelta a la Patria” cuestiona las prioridades del Gobierno de la 4T: ¿Migrantes exranjeros o ciudadanos mexicanos?
En medio de un mar de críticas y cuestionamientos, el gobierno mexicano liderado por Andrés Manuel López Obrador ha firmado un acuerdo con la dictadura venezolana para implementar el programa “Vuelta a la Patria”. Esta iniciativa pretende retornar a su país a los venezolanos que han sido detenidos en territorio mexicano en su intento por llegar a Estados Unidos, a cambio de un estipendio mensual de 110 dólares por persona durante seis meses, equivalente a unos 11 mil 200 pesos al mes.
Sin embargo, la falta de transparencia en torno al contenido del convenio y la ausencia de información sobre la partida presupuestal asignada para esta medida han generado un profundo malestar en la población mexicana. Aunque la canciller Alicia Bárcenas anunció la firma del acuerdo, el gobierno no ha hecho público ningún detalle al respecto.
Según estimaciones de la Unidad de Política de Migración de la Secretaría de Gobernación, en 2023 ingresaron ilegalmente a México más de 222 mil venezolanos, lo que representaría una erogación total de más de 2 mil 502 millones de pesos. Esta opacidad en el manejo de recursos públicos ha desatado un fuerte reclamo entre los contribuyentes mexicanos, quienes ven con desagrado que su dinero se destine a respaldar una política de repatriación impulsada por un régimen considerado dictatorial, encabezado por Nicolás Maduro.
Para empeorar la situación, se ha dado a conocer que el gobierno mexicano planea firmar convenios similares con Guatemala y Honduras, y que se encuentran en negociaciones con Colombia y Ecuador. Esta estrategia de apoyo a extranjeros ha despertado críticas aún más intensas, especialmente cuando existen múltiples problemas urgentes dentro del país que requieren atención prioritaria.
Con más de 47 millones de mexicanos viviendo en situación de pobreza, más de 50 millones sin acceso a servicios de salud públicos y más de 24 millones de niños en educación básica, junto con los dos millones de jóvenes e infantes que abandonaron la escuela debido a la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2023, resulta evidente la necesidad de que el gobierno mexicano reevalúe sus prioridades y destine recursos de manera más eficiente y transparente. En un contexto donde 300 mil niños son diagnosticados con cáncer anualmente en todo el mundo, con cerca de 2 mil muertes al año por cáncer infantil solo en México, resulta fundamental que se enfoque en resolver los problemas internos antes de comprometerse con iniciativas de apoyo externo de manera tan cuestionable.
Urge claridad
La controversia en torno al programa “Vuelta a la Patria” impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador alcanza nuevas dimensiones con la revelación de que se ofrecerá un estipendio mensual de 110 dólares a los venezolanos que opten por regresar a su país desde México. Esta medida ha desatado fuertes críticas, acusando al gobierno mexicano de “ponerle precio” a la situación en Venezuela y de respaldar indirectamente a la dictadura de Nicolás Maduro.
El anuncio, realizado un día después de la detención de dos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado en Caracas, ha levantado sospechas sobre la verdadera intención detrás de este convenio. Aunque se promete la posibilidad de empleo en empresas como Polar o la petrolera estatal PDVSA, las dudas sobre la viabilidad y la veracidad de estas ofertas no han tardado en surgir.
Mientras tanto, la canciller Alicia Bárcena ha admitido que el programa “Vuelta a la Patria” busca aliviar la presión migratoria en México, aunque no ha ofrecido detalles sobre la fuente de financiamiento para los 110 dólares mensuales durante seis meses que se entregarán a los participantes del programa. Con más de 782,000 migrantes ingresando irregularmente a México en 2023, de los cuales más de 222,000 son venezolanos, la magnitud del desafío migratorio es innegable.
Sin embargo, la pregunta clave sigue en el aire: ¿serán suficientes 110 dólares al mes para disuadir a los venezolanos de continuar su viaje hacia Estados Unidos? Con un salario mínimo mensual de apenas 30 dólares en Venezuela, el incentivo económico parece insuficiente para competir con las oportunidades que ofrecen otros destinos. Además, el hecho de vivir bajo una dictadura y la falta de libertades básicas en Venezuela no son factores que faciliten la decisión de regresar.
En este contexto, surge una interrogante fundamental sobre la transparencia y la eficacia de las políticas migratorias del gobierno mexicano. Mientras millones de mexicanos enfrentan desafíos económicos y sociales dentro del país, la asignación de recursos para programas de repatriación genera un intenso debate sobre las prioridades gubernamentales y la responsabilidad hacia sus propios ciudadanos. La falta de claridad en cuanto a la financiación y los resultados esperados solo alimenta la incertidumbre y la desconfianza en torno a esta controvertida iniciativa.
Apoyo económico a migrantes venezolanos es una ilegalidad
Al respecto, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha levantado la voz contra lo que considera una ilegalidad por parte del gobierno mexicano: el apoyo de 110 dólares mensuales durante medio año a migrantes venezolanos repatriados.
Gálvez acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar decisiones respecto al presupuesto de los mexicanos sin consultar al Congreso, señalando que esta acción vulnera el marco legal y constitucional del país.
“Es que el presidente piensa que el dinero público sale de su bolsa, por eso le dice a los ‘Servidores de la Nación’ que vayan y le digan a la gente que él les da la pensión de adultos mayores. Él piensa que él puede disponer del presupuesto público como ha dispuesto y me parece que sí es ilegal”.
Xóchitl Gálvez
Gálvez insistió en que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela debería ser el responsable de aportar los recursos para la repatriación de los migrantes venezolanos, considerando la situación de crisis que ha forzado a millones de personas a abandonar el país en busca de oportunidades en el extranjero.
“Maduro debería ser la persona que le estuviera pagando a los venezolanos. Desde que Hugo Chávez llega al poder y lo sucede Maduro han salido de Venezuela 7.8 millones de venezolanos. Eso es una tragedia humana”, enfatizó Gálvez, destacando la magnitud del éxodo venezolano y la responsabilidad del gobierno venezolano en esta crisis.
La candidata también lamentó que en México existan graves problemas de pobreza y necesidades urgentes entre la población, mientras el gobierno destina recursos a programas que, en su opinión, deberían ser responsabilidad de otros países.
“En nuestro país hay pobreza extrema, hay mucha gente que come una vez al día y yo creo que no estamos para regalar el dinero de los mexicanos”, concluyó Gálvez, haciendo un llamado a la responsabilidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
