Dos noticias bomba dio a conocer ayer la FGR: la huida de México del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón Lucio, artífice de la investigación que concluyó que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados por delincuentes en un basurero de Cocula, Guerrero; y el inminente traslado al país del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin para enfrentar acusaciones de los presuntos sobornos entregados por la brasileña Odebrecht y la recompra fraudulenta de la empresa Agronitrogenados.
El fiscal Alejandro Gertz colocó el último clavo del ataúd de la llamada “verdad histórica” sobre lo ocurrido en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Lo hizo exactamente un día después de que se conociera la captura en Metepec, Estado de México, de Ángel Casarrubias Salgado alias “El Mochomo”, líder del cártel Guerreros Unidos, al que el anterior gobierno atribuyó el secuestro, desaparición e incineración de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Cuarenta y seis nuevas órdenes de aprehensión contra servidores públicos de diversos municipios de Guerrero fueron expedidas por un juez de Distrito de Procesos Penales Federales. Las acusaciones son por desaparición forzada y delincuencia organizada, cargos que –debe precisarse- no tendrían obstáculo procesal ya que ninguno de esos dos delitos había sido investigado ni judicializado en las diligencias que en su momento realizó la PGR.
Éstas fueron llevadas a cabo por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam (autor del término “verdad histórica” que lo ha dejado marcado para siempre) y su director en la AIC, Tomás Zerón Lucio, contra quien se había emitido orden de aprehensión desde el pasado 10 de marzo y que, ahora sabemos, huyó de México, es seguido por la Interpol y, según fuentes de la FGR, ya está ubicado.
La hoy sepulta “verdad histórica” fue construida –según la declaración de Gertz- mediante detenciones arbitrarias, tortura, dilaciones en las puestas a disposición, violaciones del procedimiento, vulneración del derecho de defensa y ocultamiento de pruebas suficientes que permitieran conocer el destino de las víctimas; y será confrontada en tribunales con los resultados de una nueva investigación, iniciada en 2019, que lleva al fiscal general de la República a asegurar que ya tiene estructurada la cronología de lo sucedido y la participación de quienes cometieron los delitos.
La FGR dará a conocer pasado mañana viernes –si no hay cambio de planes- la judicialización de otros funcionarios de diversos niveles presuntamente relacionados con el caso, entre los que podría estar el exprocurador Murillo Karam; y la semana entrante, la expedición de más órdenes de captura.
El eventual desmantelamiento del aserto sobre la incineración de los 43 de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, deberá sostenerse en los resultados forenses que la Universidad de Insbruck entregue, presumiblemente este viernes, sobre seis restos humanos encontrados en las nuevas pesquisas y enviados a la reputada institución desde el 6 de marzo pasado.
Esos restos –según pudimos indagar- fueron encontrados en una barranca de Cocula, en la localidad Jesús de Nazaret, Aguilillas, cercana a Iguala y en el municipio de Huitzuco, y con ellos se pretende probar la hipótesis de que, luego de su secuestro, los jóvenes fueron llevados en pequeños grupos a diferentes lugares cercanos a Iguala.
