En un giro impactante a uno de los escándalos de corrupción más notorios de México, investigaciones recientes exponen que la propia indagatoria sobre “La Estafa Maestra” fue manipulada por actores dentro de la fiscalía. Según información obtenida y publicada por la organización Tojil y la revista digital EmeEquis, y con la investigación del periodista Arturo Ángel, se destapó una red de corrupción que involucra sobornos y tráfico de influencias.
Escalada de corrupción en la investigación de “La Estafa Maestra”
La investigación liderada por Alejandro Gertz Manero, fiscal general, presuntamente se vio comprometida cuando miembros de su equipo, incluido Juan Ramos López, ex mano derecha de Gertz, aceptaron sobornos de los involucrados en el fraude para detener investigaciones, sabotear procedimientos judiciales y proteger a los principales beneficiarios del esquema corrupto. A pesar de la abundancia de pruebas y documentos que apuntaban a desvíos de recursos, el equipo de la SEIDO y el CENAPI, junto con auditores federales y ciertos jueces que emitieron amparos ilegales, perpetuaron un esquema de corrupción y negligencia.
Una grabación de audio de las negociaciones, junto con testimonios de testigos y miles de documentos oficiales analizados por TOJIL, evidencian una práctica continua de encubrimiento a nivel institucional, en un caso que el propio Gertz Manero había calificado anteriormente como un “crimen de estado”. Hasta el momento, no se ha logrado recuperar ni un solo centavo de los fondos malversados.
En el contexto de “La Estafa Maestra”, uno de los mayores escándalos de corrupción en México, seis exfuncionarios federales implicados comparecieron ante el Ministerio Público de la Federación en mayo de 2019, exponiendo el modus operandi del fraude orquestado desde las dependencias de la Sedesol y la Sedatu, donde se malversaron más de cinco mil millones de pesos. Las declaraciones obtenidas por TOJIL, detallan cómo operaba esta red de corrupción bajo la dirección de Emilio Zebadúa González, oficial mayor de dichas dependencias.
Las denuncias iniciales apuntaron a la participación de una decena de funcionarios y empresas en la creación de convenios falsos, simulación de servicios y lavado de dinero. Sin embargo, en lugar de proceder sobre la base de las evidencias, la fiscalía, bajo la influencia de Juan Ramos López, se desvió hacia la extorsión. Los exfuncionarios que buscaban inmunidad terminaron pagando entre 300,000 y 400,000 pesos cada uno, sin obtener los criterios de oportunidad prometidos.
Una llamada interceptada entre el abogado defensor y la fiscal federal Erica Canuto Fonseca, revela pedidos explícitos de dinero a cambio de sabotear el proceso penal de los acusados. Canuto insinuó contar con el apoyo de dos auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y un funcionario del CENAPI de la FGR, quienes estarían dispuestos a falsificar documentos para reducir el caso a una mera irregularidad administrativa.
Según los registros revisados por TOJIL, Erica Canuto mantenía contacto directo con los auditores, facilitando un entramado de corrupción que se extendía a lo largo de la estructura investigativa. Las demandas monetarias no solo provenían de Canuto, sino también de otros fiscales como Mario Bulmaro, quien fungía como intermediario en el cobro de sobornos.
A pesar de las pruebas presentadas por los denunciantes y las iniciales intenciones de la FGR de desmantelar la red criminal, la llegada de Ramos López cambió drásticamente el curso de la investigación. Las operaciones de soborno se intensificaron, forzando a los exfuncionarios a vender propiedades para cumplir con las demandas crecientes de dinero.
Los exfuncionarios, originalmente testigos y colaboradores en la revelación del fraude, acabaron siendo perseguidos y procesados, mientras que los verdaderos responsables quedaron impunes. TOJIL ha contactado tanto a la FGR como a la ASF para obtener su posición sobre estos acontecimientos, pero hasta la fecha de esta publicación, no se ha obtenido respuesta.
Inmunidad y manipulación: Estrategias de Emilio Zebadúa
En esye nuevo giro en la saga de la “Estafa Maestra”, un exfuncionario del equipo de Emilio Zebadúa reveló a TOJIL detalles críticos sobre cómo se protegieron ante la acción de las autoridades y aseguraron su patrimonio. Según el exfuncionario, que prefirió mantenerse anónimo por seguridad, Zebadúa y su equipo maniobraron para anticipar movimientos en su contra y proteger más de 900 millones de pesos en bienes inmobiliarios financiados a través de recursos desviados.
El testigo describe cómo Zebadúa fue introducido a dos abogados de confianza por medio de Juan Ramos López, reforzando así su red de influencia que ya estaba establecida desde 2018 con el despacho del abogado Juan Araujo. Documentos internos revelan cómo el dinero en efectivo circulaba desde propiedades compradas con fondos ilícitos hasta manos de fiscales corruptos, generalmente en reuniones nocturnas organizadas por Roberto Gómez, chofer y confidante de Zebadúa.
Además, se comprobó que Zebadúa tenía acceso a información confidencial que incluía detalles de investigaciones en su contra, lo que le permitió maniobrar legalmente para evitar su judicialización. En un movimiento audaz, su representante legal logró obtener una suspensión de un juzgado de amparo en Chiapas, que fue claramente improcedente, pero lograda mediante sobornos.
“El broche de oro de los tiempos perfectos con los que actuó el exoficial mayor ocurrió el 19 de octubre de 2020, cuando este se presentó en la FGR junto con su abogado Alfredo Murguía, para presentar una declaración buscando un criterio de oportunidad ante el fiscal Mario Bulmaro, que como ya se dijo era parte del equipo implicado en los sobornos liderado por Mónica Martel y Juan Ramos. El testimonio, según el excolaborador de Zebadúa entrevistado por TOJIL, narraba hechos imprecisos y falsos”.
Mientras Zebadúa se encontraba en Canadá, evadiendo la justicia, se realizaron movimientos estratégicos para evitar el congelamiento de cuentas bancarias y la judicialización en nuevos cargos de delincuencia organizada. En 2020, a pesar de los intentos de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de consolidar una nueva indagatoria, Zebadúa continuó utilizando sus influencias para protegerse y a su familia.
En octubre de 2020, Zebadúa intentó aprovechar el sistema ofreciendo un testimonio impreciso y falso con el objetivo de obtener un criterio de oportunidad. Curiosamente, al día siguiente de su declaración, la fiscalía incluyó su nombre en una lista de beneficiarios potenciales de este criterio, mostrando un claro conflicto de intereses y manipulación del proceso judicial.
A finales de ese mismo mes, una orden de aprehensión fue emitida contra Rosario Robles y otros involucrados en la Estafa Maestra, pero notablemente, ni Zebadúa ni sus hermanos fueron mencionados, a pesar de su participación directa y evidente en el desvío de fondos.
Este caso sigue desvelando los niveles de corrupción dentro del sistema judicial mexicano y la habilidad de ciertos individuos para manipular dicho sistema a su favor, dejando en evidencia la urgente necesidad de reformas profundas para restaurar la integridad y la confianza en las instituciones de justicia del país.
La orden incumplida y la rotación oculta en la FEMDO
La investigación del periodista Arturo Ángel revela capas adicionales de corrupción y encubrimiento dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), anteriormente conocida como SEIDO. Federico Amezcua Ornelas, quien lideraba el equipo de indagatoria en la FEMDO, fue responsable de una orden de aprehensión contra Rosario Robles, que sorprendentemente no incluyó a Emilio Zebadúa, un actor clave en el esquema de corrupción.
Esta omisión no fue el único acto cuestionable; pese a que el juez concedió la orden de aprehensión para Robles, Amezcua y su equipo no la ejecutaron, lo que contradice el procedimiento estándar, dado que Robles ya se encontraba en prisión preventiva y localizable. A pesar de las afirmaciones de la FEMDO negando la existencia de tal orden, la realidad fue confirmada por el juez que la emitió, quien incluso proporcionó una copia al juez de amparo que manejaba el caso de Robles.
La situación escaló hasta diciembre de 2022, cuando Amezcua y su jefe, Ancelmo Mauro, jefe de la unidad antilavado de dinero, renunciaron a sus cargos en la FGR. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirmaron a TOJIL que sus salidas fueron el resultado de despidos debido a múltiples denuncias de corrupción en su contra.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y la relevancia de los casos que manejaban, no hubo anuncios oficiales sobre su salida. Información obtenida por TOJIL a través de solicitudes de transparencia respaldadas por el INAI reveló que ambos funcionarios fueron efectivamente removidos de sus posiciones en diciembre de 2022. Más aún, Amezcua encontró un nuevo empleo en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, donde trabajó más de un año antes de ser nombrado Director General para la Reconciliación y la Justicia en la Secretaría de Gobernación.
Cuando TOJIL preguntó a la FGR sobre las denuncias o investigaciones internas contra Amezcua y Mauro, la respuesta fue que dicha información estaba bajo reserva.
Este descubrimiento pone en relieve la falta de transparencia y posibles actos de corrupción aún sin resolver dentro de las instituciones encargadas de combatir el delito en México. Con Amezcua ahora en un cargo significativo en la Secretaría de Gobernación, surgen preguntas importantes sobre la integridad y la efectividad de las medidas anticorrupción en el país.
Encubrimiento y mentiras oficiales
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Gertz Manero, ha sido acusada de encubrir la existencia de investigaciones contra Emilio Zebadúa, así como su solicitud de un criterio de oportunidad. Pese a la importancia pública del caso y las evidencias existentes, la FGR ha respondido a las solicitudes de información con evasivas y contradicciones.
El 14 de julio de 2023, TOJIL solicitó a la FGR detalles sobre las investigaciones iniciadas contra Zebadúa, incluyendo el estatus de cada una y si se le había concedido algún criterio de oportunidad. La FGR se negó a proporcionar dicha información, alegando que era reservada. Un recurso de queja ante el INAI, bajo el número RRA 11474/23, resultó en una orden para que la FGR divulgase los datos requeridos, dada la relevancia pública del caso y la no aplicabilidad de reserva en hechos de corrupción.
En una respuesta formal con fecha 11 de enero de 2024, la FGR afirmó que “no se localizaron expresiones documentales” sobre las indagatorias o la solicitud de criterio de Zebadúa. Esta afirmación contradice los documentos en poder de TOJIL, que evidencian la existencia de múltiples investigaciones y solicitudes de criterio de oportunidad asociadas a Zebadúa, documentadas en comunicaciones internas de la propia FGR y de la SEIDO, ahora FEMDO.
Por ejemplo, el documento FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/17600/2020 del CENAPI-FGR detalla doce carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas entre 2015 y 2019, en las cuales Zebadúa es imputado. Además, un oficio fechado el 20 de octubre de 2020, firmado por la fiscal Mónica Martel, confirma la existencia de una solicitud de criterio de oportunidad por parte de Zebadúa.
Además, TOJIL pidió información sobre el avance de las investigaciones derivadas de la Estafa Maestra. A pesar de las preguntas específicas sobre el número de indagatorias, los delitos investigados, las judicializaciones efectuadas y los recursos recuperados, la FGR nuevamente intentó clasificar la información como reservada. El INAI, resolviendo el recurso de queja RRA 11472/23, ordenó a la FGR responder adecuadamente.
La respuesta de la FGR indicó que se habían judicializado 23 casos, la mayoría por delitos de uso indebido de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, con uno adicional por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita —este último sin incluir a Zebadúa y relacionado con la orden no cumplida contra Rosario Robles. Sin embargo, la FGR no reportó judicializaciones por peculado o enriquecimiento ilícito y admitió no haber recuperado ningún recurso de los desviados en la Estafa Maestra.
Estos hallazgos subrayan una preocupante falta de transparencia y efectividad en la gestión de casos de corrupción de alto perfil en México, dejando muchas preguntas sin responder y a los verdaderos culpables sin enfrentar consecuencias significativas.
