Estamos a una semana de que se tome una decisión de gran relevancia para la gobernabilidad democrática del país en los próximos años: la elección de quienes ocuparán las cuatro vacantes que desde abril pasado se abrieron en el Consejo General del INE.
El asunto no es menor, porque la experiencia enseña que si los nombramientos no están respaldados por un amplio consenso (idealmente unánime) entre las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, instancia legislativa facultada para tomar esa decisión por mayoría calificada, se sentarían las bases para que las elecciones en el futuro puedan ser descalificadas por quienes hayan sido marginados del proceso de selección de quienes se integrarán al órgano que organiza y arbitra los comicios.
Ese fue el principal problema en 2003 cuando uno de los tres principales partidos políticos fue excluido del nombramiento de las y los consejeros del otrora IFE. El problema entonces no tuvo que ver con los nombres de quienes fueron elegidos, sino con la falta de inclusión en esa decisión de uno de los actores políticos principales, lo que tuvo serias repercusiones en las elecciones de 2006 cuando esos comicios fueron descalificados, entre otras razones, por la falta de legitimidad política de origen del árbitro electoral.
Para que ese consenso pueda construirse sobre bases sólidas, es indispensable que las propuestas que integrarán las quintetas que en su momento se harán llegar a las y los diputados incluyan a los mejores perfiles. Afortunadamente, desde 2014 las candidatas y los candidatos que son sometidos a la consideración de la Cámara de Diputados son definidos por un Comité Técnico de Selección plural en el que los méritos de las y los aspirantes son evaluados de manera conjunta y decididos colectivamente. Esa criba colectiva es la mejor garantía de la idoneidad de los perfiles de quienes serán propuestos como finalistas y confío en que así volverá a ocurrir en los próximos días.
Si bien los perfiles y las trayectorias de quienes sean nombrados consejeros y consejeras importa, al igual que su compromiso con el principio de imparcialidad, no debe olvidarse que se trata de una renovación parcial de un órgano colegiado, lo que implica que las decisiones en el Consejo General del INE en el futuro se adoptarán colectivamente, discutiendo y construyendo mayorías voto a voto y caso por caso (tal y como ha ocurrido en el INE hasta ahora) en una interacción colegiada entre las y los cuatro nuevos integrantes junto con los siete que hoy ocupamos el cargo.
Preservar hasta su término el amplio consenso que hasta ahora ha caracterizado el proceso de designación, cuando finalmente se voten a las y los futuros consejeros electorales, sería un triunfo de la política, entendida ésta como la capacidad de construir decisiones escuchando e incluyendo a todas las partes, y la mejor manera de encaminarnos hacia las complejas elecciones de 2021. Sería entender y refrendar que en democracia hay dos decisiones que requieren el acuerdo y el compromiso de todas las partes: la definición y aceptación tanto de las reglas del juego electoral a las que todos se someterán, como del árbitro al que se le encomienda velar y aplicar esas reglas.
Además, en un contexto tan peligrosamente polarizado como el que se ha venido construyendo en el país, en donde la confrontación y descalificación del contrario parecen definir a la política, esforzarnos por hacer pervivir y privilegiar los potenciales puntos de encuentro entre posturas distintas es indispensable para salvaguardar las bases de la convivencia democrática. Apostar por el consenso y conseguirlo en el nombramiento de quienes se sumarán al INE, además de altitud de miras, significaría fortalecer la consolidación de nuestra democracia, optar por lo contrario, es mandar el mensaje de que en política todo se vale.
