Es una buena noticia para el país lo ocurrido en el Congreso de Oaxaca: le pusieron un alto a las refresqueras para su distribución y venta desmedida y fácil, para acercarse a la población, sobre todo a la infantil. En comunidades oaxaqueñas, con problemas de agua potable, las marcas de bebidas regalaban refrigeradores en casas para la venta de refrescos.
En 40 años, es la primera vez, que en la República, la industria embotellada pierde frente al Legislativo, a pesar de su tradicional cabildeo e intento de soborno a diputados.
Los priistas oaxaqueños se unieron a los pequeños empresarios y a los representantes de las trasnacionales para frenar la medida, pero no pudieron: la orden de cambiar la relación con el sector viene desde arriba.
Los diputados de Morena de todo el país están siendo vistos por los dos líderes más populares del momento: AMLO y Hugo López-Gatell, quienes en medio la mortalidad inesperada por el COVID-19, decidieron enfocar sus baterías en contra de los empresarios refresqueros.
Ha levantado polémica la estrategia del Ejecutivo.
Una parte de la opinión pública considera, que al verse rebasado por el manejo de la pandemia, el subsecretario de Salud ha buscado en las refresqueras y compañías de comida chatarra al culpable de que la epidemia lleve poco menos de 50 mil defunciones. La otra apoya la estrategia.
A medida que se sostienen los altos niveles de contagio, López-Gatell y López Obrador documentan que siete de cada 10 víctimas en complicaciones por la COVID-19, fallecen debido a enfermedades relacionadas por el alto consumo de azúcares.
En esta columna, independientemente de la polémica, consideramos que es un acierto y el primer paso hacia una nueva cultura para reducir el número de enfermedades como diabetes, cáncer e hipertensión.
En otras entregas, en este espacio, hemos ofrecido argumentos de por qué tenía que haber un control enérgico en contra de la venta de comida chatarra en el país.
Esos productos entran a los salones de las escuelas o a las cocinas de las familias mexicanas con toda facilidad y sin restricciones previstas en políticas públicas. No se diga el daño a familias de escasos recursos.
Lo que pasó en Oaxaca debe alentar a otros estados. En tanto, en el Senado, Alejandro Armenta, presidente de la comisión de Hacienda, mejora su propuesta para someter a estas empresas y modificar las leyes desde el ámbito federal.
