A 5 años de la declaración de la Alerta contra la Violencia de Género en el Estado de México, los feminicidios van en aumento, sin resultados que protejan a las mujeres de esa entidad.
De 2015 al 31 de julio de 2020 se han contabilizado 514 feminicidios en la entidad, con casos en aumento al paso de los años, convirtiendo a la entidad en la más violenta de todo el territorio nacional.
Hace tres semanas, Citlali fue asesinada por su pareja sentimental: el viernes 28 de agosto por la tarde, la joven de 28 años discutió con Bernabé, quien la atacó y la golpeó hasta matarla. Posteriormente, acostó el cadáver en la cama del domicilio que compartían en el municipio de Cocotitlán, y acudió al Ministerio Público a pedir ayuda a unos familias, pero fue detenido por lo que había hecho.
Una semana antes en la comunidad de Agua Grande, municipio de Villa Victoria, Jessica de 14 años salió a un cibercafé a imprimir trabajos de la escuela, pero ya no volvió a casa. Sus familiares la buscaron sin éxito, hasta que dos días después su cuerpo apareció en un campo de cultivo.
Los familiares de Jessica contaron a los medios locales que la joven estaba contenta por regresar a la escuela y había ido a imprimir el manual con ls instrucciones para tomar clases a distancia. Sin embargo, ya no pudo comenzar el ciclo escolar, como sus compañeras.
Historias como estas se repiten todos los días en los 125 municipios de la entidad: niñas, mujeres y jóvenes desaparecidas, violentadas y asesinadas, ya sea en la comunidad en la que habitan, o por las parejas con las que habitan.
“Estamos revisando la Alerta de Género, tenemos mucho que mejorar y otras cosas que se deben reforzar. En el Estado de México empezamos a hacer trabajo porque teníamos una situación muy grave, pero los gobiernos no empujaron para seguir con lo que se había logrado”, explica María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
La Alerta contra la Violencia de Género en la entidad de emitió el noviembre de 2015, cinco años después de que los grupos de activistas de defensa a las mujeres y de derechos humanos lucharan por que el gobierno mexiquense aceptara la alerta.
En 2010, los casos de desapariciones y homicidios agravados a las mujeres crecieron exponencialmente en la entidad. Uno de los casos más sonados fue el de Mariana Lima, Buendía, quien fue asesinada por su esposa y luego lo hizo pasar como suicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, comenzó una lucha con las autoridades para que se cambiara el delito y se hiciera justicia.A ella se sumaron decenas de madres que exigían justicia para sus hijas desaparecidas y asesinadas.
Sin embargo, el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, se negó a aceptar que en su estado ocurrían asesinatos de odio contra las mujeres y no aceptó la alerta. Dos años después, se volvieron a negar porque era año electoral y el ex gobernador era el candidato a la Presidencia de la República.
Fue hasta 2015, que el gobernador Eruviel Ávila aceptó la Alerta de Género, cuando la situación en el estado era insostenible y la violencia era incluso mucho mayor que el norte del país.
“En un año tuvimos muchos avances Se logró empujar y evidenciar un problema severo, logramos tener la Fiscalía de Género. Pero el gobierno federal no empujó y la sociedad civil, por más que trabaja, no puede hacer todo.
“Después se vino el año electoral, ganó Del Mazo, trajo sus programas rosas y dejó de darle continuidad a los procesos en los que ya habíamos avanzado”, recuerda Estrada.
Para acabar con la violencia a las mujeres, el gobierno de Alfredo Del Mazo estableció el programa Salario Rosa por la Vulnerabilidad, que entrega ayudas económicas a las mujeres para tener independencia económica de sus parejas, como el eje de su estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero en cuatro años de su administración, la ciencia no ha disminuido.
Ademas de haberse olvidado de la Alerta, el gobierno retomó prácticas corruptas. Estrada señaló que la Fiscalía se volvió autónoma pero mantiene toda la estructura de corrupción que se tiene desde hace muchos años.
“A pesar de que tienen protocolo, el problema es que no paran como se debe, y si la fiscal no hace nada, nada se va a lograr”, asegura la directora del Observatorio.
