Por Gabriela Rivera
@gabs_07
Este año, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) recibirá 57.7 millones de pesos, lo que representa una disminución de 18% en comparación con lo recibido el último año, y que demuestra cómo el presupuesto para atender a los niños sigue a la baja.
El recorte presupuestal a este sistema ––que se encarga de articular a las distintas dependencias del gobierno para atender a los niños de 0 a 17 años–– implica que haya menos recursos para proteger a los menores.
“Ello implica no contar ya con los recursos que le fueron asignados por mandato de la Cámara de Diputados para la implementación de la reciente Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, lo que limita la viabilidad de la atención integral que debe asegurarse a cada niña y niño, de acuerdo a su edad, contexto y condición”, escribió Alberto Sotomayor Avilés, coordinador del Pacto por la Primera Infancia en su columna.
Esto se suma al intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer la dependencia, argumentando que ya existe el DIF y ellos se encargan de cuidar a los niños.
Este organismo se creó para vigilar el cumplimiento de la aplicación de la Ley General de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes en 2015, que mandata el reconocimiento y respeto de los derechos de estos grupos poblacionales, al mismo tiempo que se tienen que proteger por ser los más vulnerables.
En este sentido SIPINNA había venido trabajando con otros organismos en temas de educación, salud, derechos humanos y reproductivos, seguridad social, violencia y abusos, impartición de justicia, medio ambiente, deporte, pobreza, desarrollo social y todos los factores que afectan directamente a los menores de edad.
Trabajo a favor de la niñez
Uno de los capítulos en los que se ha invertido más trabajo es en la atención a la primera infancia, es decir, los niños de 0 a 5 años, que siguen siendo invisibles para la sociedad. El útlimo estudio, en el que participó la dependencia con el colectivo Pacto por la Primera Infancia, se dio a conocer que el gasto en esta etapa ha disminuido 30% de 2018 a 2020.
La disminución se relaciona con la desaparición de dos programas importantes para este sector: Prospera Inclusión social, en la parte de salud y bienestar, así como el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, que ayudaba a las mujeres a seguir laborando mientras las estancias se hacían cargo de los pequeños.
En el presupuesto de este año se observa una nueva disminución de recursos con los recortes a los programas de la CONAFE para niños en edad preescolar, la creación de contenido educativo y el reparto de libros de texto.
Otra labor en la que está concentrada SIPINNA es en la atención de violencia a los menores, tema en el que coadyuva con las autoridades para garantizar la impartición de justicia. Sin embargo, en este tema ha sido crítica con su trabajo y reconoció que no han logrado proteger a los niños y niñas como se debería.
“La cadena de descuidos, la fragilidad del núcleo familiar y del entorno que debía ser de protección para Fátima Cecilia da cuenta de que no hemos logrado que nuestra sociedad actúe corresponsablemente como un sistema de protección integral para cada niña, para cada niño”, dijo SIPINNA en un comunicado de febrero pasado, luego de la muerte de Fátima Cecilia.
La menor de 7 años fue abusada y asesinada por sus vecinos, quienes la sustrajeron de la escuela donde estudiaba y la secuestraron, antes de abandonarla sin vida dentro de un costal en un terreno baldío.
Los casos como el de Fátima son la constante en México, donde 7 niños desaparecen y 3 niños son asesinados todos los días, según el reporte de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).
Y las autoridades no han trabajado en mejorar la impartición de justicia para las familias de los menores, quienes deben esperar hasta 72 horas para comenzar a buscar a los niños, y posteriormente enfrentarse a un sistema corrupto y desinteresado.
Pese a la realidad que enfrenta este grupo poblacional, el gobierno presentó un presupuesto recortado en las áreas de mayor interés para los niños; en cambio, incrementó los recursos en las becas y apoyos económicos en efectivo para los padres de estos niños, sin que se garantice que el dinero se utilice en ellos.