La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en su análisis de la tercera parte del sexenio asegura que no ha habido una transformación sino un desmantelamiento de las instituciones de forma irracional
7. Salud y un México incluyente.
No hay presupuesto adicional en 2021 para la adquisición de la posible vacuna contra Covid-19. De hecho, el Programa de Vacunación tiene una reducción del -.04 %
6. Desarrollo regional sostenible.
Se vive un centralismo presupuestal que limita el desarrollo regional. En el PEF 2021 plantea una reducción del 5.5% real en el gasto federalizado. Incumplimiento que tiene México por el Acuerdo de París de que 30% de la energía generada para 2024 será limpia.
5. Educación de calidad e innovación.
El gasto destinado a la infraestructura educativa presenta una reducción real de 29.7%. La estructura del gasto educativo no refleja una estrategia para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia.
4. Estado de derecho, combate a la corrupción y a la impunidad.
La implementación de la austeridad que asfixia al Estado y que ha causado la precarización laboral de la administración pública. Se ha desmantelado el Sistema Nacional Anticorrupción y la mayoría de los sistemas locales se encuentran sin avances.
3. Seguridad.
El Presupuesto de Egresos 2021 no contempló recursos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) que tenía como objetivo fortalecer las capacidades de 300 gobiernos municipales para brindar seguridad y el desarrollo policial.
2. Finanzas públicas sanas y competitividad fiscal.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha presentado una débil y lenta recuperación económica a falta de estímulos al empleo y a la inversión en el Presupuesto de Egresos 2021. El alto endeudamiento de Pemex y al reciente pérdida del grado de inversión, así como la negativa en un cambio de estrategia representan fuertes presiones para las finanzas públicas del país.
1. Economía y mejores empleos.
Iniciativa de ley que prohibe el outsourcing pone en riesgo a los más de 4 millones de trabajadores en este esquema. Cancelación de contratos, retrasos de permisos y cambios de reglas que debilitan la confianza empresarial.
