El presidente López Obrador el día de ayer en el inicio del periodo legislativo de la Cámara de Diputados, aprovechó para presentar una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, con el objetivo de establecer nuevos lineamientos para la política energética del país.
El texto se centra en la eliminación de “privilegios” a los generadores de energía privados.
Esta iniciativa busca que a la red de distribución de energía deberá subirse en primer lugar, la que es producida por las hidroeléctricas, en segundo lugar la generada por otras plantas de la CFE, en tercero la energía eólica y solar de particulares y en último lugar la energía de ciclo combinado generada por empresas privadas.
La reforma propuesta por López Obrador no tiene trascendencia constitucional, ya que las iniciativas preferentes se limitan únicamente a crear cambios en las leyes generales.
Utilizando argumentos como “política neoliberal y neoporfirista”, en la exposición de motivos se plantea la necesidad de la reforma a la Ley de la Industria Energética ya que en gobiernos anteriores se concretó por imposición los inicios de un proceso de privatizador que pretendía debilitar empresas públicas frente a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional.
Más que exposición de motivos el documento se transforma en un manifiesto comparativo sobre los gobiernos anteriores y la relación con el sector energético.
Lo que se destaca en esta iniciativa preferente es la poca importancia que tiene para el gobierno actual el uso de energías limpias y renovables, para contrarrestar los efectos del cambio climático, así como los mecanismos para favorecer la competitividad en el sector.
