Los empresarios no están contentos con la iniciativa para reformar la Ley Eléctrica del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y han manifestado su rechazo total a ésta y hasta han alertado sobre sus consecuencias.
La iniciativa de ley busca establecer nuevos lineamientos para la política energética del país, como una reingeniería en la distribución de energía.
La IP coincide en que el plan traerá una ola de conflictos internacionales y no es viable para el sector.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que encabeza Carlos Salazar Lomelín, declaró “intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el Sector Eléctrico Nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”.
“De ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad”, agregó en un comunicado.
Añadió que abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas y que atenta contra tratados, como el Acuerdo de París impulsado por la ONU.
Con esta iniciativa el tabasqueño rompe una de sus promesas con el sector energético.
“Con esta iniciativa, se quebranta además la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración. Va también en contra de lo resuelto por el propio Poder Judicial Federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde 2019”, publicó la Concamin en un comunicado.
Indicó que la iniciativa daría ventajas artificiales y no debidas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y resultará en electricidad más cara para los mexicanos.
“La iniciativa codificaría en ley ventajas artificiales e indebidas para la CFE, permitiéndole desplazar a sus competidores aun cuando su energía producida sea más cara y contaminante”, aseguró la Concamin.
La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) alertó que afectarán a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymex) y los contratos que pudieron haber sido firmados en el pasado.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que se trataría de un riesgo muy alto de monopolizar el sector y que restaría competitividad a las Pymes.
