La FGR abrió investigación contra EPN y Luis Videgaray por conformar una asociación delictiva para sobornar a legisladores.
Anaya uno de los beneficiarios
Entre abril de 2013 y agosto de 2014 Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, y Luis Videgaray, quien se desempeñaba como Secretario de Hacienda, conformaron a ojos de la Fiscalía General de la República, una asociación delictiva con la finalidad de otorgar sobornos a las y los legisladores. El monto total destinado a estas “mordidas” fue de 100 millones de pesos.
Ricardo Anaya, quien era diputado del PAN y es ex candidato presidencial por el mismo partido, fue uno de los destinatarios. El objetivo era convencerlos para votar la aprobación de la Reforma Energética.
Luego de presentar la teoría general del caso a un juez federal, este último consideró que hay evidencias para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
El justiciable (José Luis Lavalle Maury) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”
Estas transferencias, se presumen, fueron obtenidas por acuerdos con la constructura Odebrecht. La entrega de los sobornos se realizó en efectivo a través de intermediarios en quince entregas.
Esta información se basa en declaraciones de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, así como otros cuatro testigos que supieron de estas entregas. Entre otras pruebas existen declaraciones de exdirectivos de Oderbrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.
Modus operandi de la entrega de sobornos
El esquema de sobornos tenía en la mira a legisladores con papeles clave para la aprobación de la Reforma Energética. Entre estos personajes estaba el priista David Penchyna Grub, líder de la comisión de Energía del Senado y el panista José Luis Lavalle Maury, el único procesado hasta la fecha.
Lavalle designó a Rafael Caraveo Opengo para ser el intermediario en las entregas de sobornos. Por su parte, Emilio Lozoya, por indicaciones de Luis Videgaray, nombró a José Velasco Herrera, Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo para canalizar el dinero proveniente de Oderbrecht. Los tres, funcionarios de Pemex y hombres de confianza de Lozoya.
Opengo hacía firmar a los legisladores un acuse de recibo del dinero mientras que Olascoaga, grabó algunas entregas a petición del propio Emilio Lozoya. Este último fue quien confesó en 2020 el esquema de transferencias, para las que se valieron de empresas fachada.
La dispersión en territorio nacional era por conducto de una empresa denominada Construcciones Industriales Tapia representada por Tapia Vargas. Todo ello para que a su vez esos recursos pudieran ser trasladados a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso y que por conducto de Emilio Lozoya se trasladaran a los legisladores a efecto de que pudiera aprobarse la reforma energética”
Se usaron maletas para entrega de dinero
Las entregas se llevaron a cabo entre diciembre de 2013 y el 21 de agosto del 2014. Las entregas se hicieron en portafolios en tres locaciones: la sede del Senado de la República en Paseo de la Reforma; un departamento el número 327 de la calle Gabriel Mancera en la colonia Del Valle; y otras oficinas localizadas en el número 425 de la calle de Montes Urales, de la colonia Lomas de Chapultepec.
De hecho, la dirección de las oficinas en Montes Urales fue usada por el exsecretario de Hacienda para registrar su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
INAI ordena a FGR dar a conocer las investigaciones
Por orden del INAI, la FGR debe dar a conocer las investigaciones hechas desde el 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021 contra el expresidente Enrique Peña Nieto, ya que se trata de información relacionada con motivos de interés público que contribuye a garantizar el derecho de acceso a la información y rendición de cuentas.
Si se negara el derecho de acceso a la información se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las actividades de la Fiscalía o Procuraduría, en cuanto a sus facultades e investigadores, así como respecto del desempeño del exservidor público.”
Por su parte, la FGR argumentó que con la publicación de dicha información se vulneraba la presunción de inocencia. Sin embargo, al tratarse de exfuncionarios públicos los datos se revisten de interés público, sentenció el INAI.
Con información de Animal Político, Aristegui Noticias.
