La premura de la aplicación del programa ha derivado en varias fallas, incumplimiento de requisitos y eliminación de formularios.
Presión para exhibir resultados
El programa sembrando vida ha reportado las primeras fallas e inconsistencias en su aplicación en varias regiones del país. La premura y prisas para mostrar resultados han provocado deficiencias en la conformación del padrón de beneficiarios en los que figuran gente que no cumple con los requisitos de la convocatoria.
Testimonios de campesinos y algunos operadores indican que contra todo pronóstico los coordinadores del programa tanto nacional como estatal, ordenaron eliminar el cuestionario socioeconómico para definir el perfil de los usuarios y el historial de manejo de sus tierras.
Producto de ello, engrosaron la fila gente que no se dedica al campo como maestros, comerciantes, microempresarios, profesionistas hasta caciques, terratenientes, ganaderos y personas con vínculos sospechosos.
En la zona territorial sabemos que está metida gente de muy altos vuelos, que no tiene un rancho ni dos, sino varios, de mucho dinero. Por eso hay constantes reclamos a facilitadores sobre por qué fueron olvidados ancianos de 70 u 80 años que estaban dispuestos a seguir trabajando sus parcelas, o familias que realmente necesitaban el apoyo, mientras metieron a otros con una posición económica muy favorable.”
De acuerdo a las bases del programa publicado en 2019, los destinatarios deben ser “sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar rural y que son propietarios de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal”.
Para el ejercicio fiscal 2020 el texto cambió a “habitantes de municipios catalogados como de medio a muy alto grado de rezago social”, “por debajo de la línea de pobreza rural por ingresos”. De hecho se implementó una tabla de preferencias bajo criterios como número de dependientes económicos, edad y origen étnico.
El cuestionario socioeconómico abarca preguntas como acceso al trabajo formal y remunerado, tipo de ocupación, ingresos, dependientes económicos, experiencia migratoria, recepción de remesas e incorporación a programas de gobierno, así como nivel de gastos, consumos y pagos; una de las preguntas base era el porcentaje del ingreso anual en el hogar proveniente de la actividad agropecuaria.
Se descartó cuestionario por urgencia operativa
Bajo el argumento de urgencia operativa (pausa de actividades por pandemia), este estudio dejó de aplicarse. Una de las acompañantes en los Centros de Aprendizaje Campesino relata que el proceso era largo.
Primero llenar un preregistro con datos personales y luego validarlos en Renapo, lo que tardaba hasta 2 o 3 semanas; después venía la visita domiciliaria para verificar si la persona era o no candidata, además del reconocimiento de la parcela: medirla, determinar su posicionamiento geoespacial y delimitar el polígono. Era un caos, y simplemente se borró. Las indicaciones cambiaban constantemente, siempre ha habido mucha improvisación.”
Señala que el objetivo es conocer la situación de los terrenos, sin embargo, con esta decisión gente que nunca ha trabajado el campo lo usa para subarrendar sus tierras. Mientras que otros sólo cobraban sin atender los terreros ya que sus otros trabajos constituyen sus ingresos principales.
Como las autoridades centrales comenzaron a exigir resultados, los coordinadores dijeron: ´ya olviden las preguntas, vámonos así´, y se filtraron algunos que no debían. Ahora, ¿cómo los sacamos?”
Se estima que el 10% de quienes reciben este apoyo no se dedican al campo o bien, no lo necesitan, por ejemplo, ganaderos que llegan a tener hasta 400 mil 500 hectáreas. Es decir, gente que no busca rescatar la tierra.
Con información de la Crónica.
