Por violar los principios y derechos de transparencia, el pleno del Inai acordó por unanimidad interponer una controversia constitucional ante la SCJN contra el “decretazo” presidencial que considera a sus megaproyectos asunto de seguridad nacional.
Van contra el “decretazo”
Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) acordaron este miércoles 8 de diciembre que interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo a través del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que las obras de infraestructura del gobierno federal son asunto de seguridad nacional. Los comisionados coincidieron en que el acuerdo del presidente, que se publicó el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, es violatorio de los principios y derechos de transparencia en el país. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del organismo autónomo, señaló al respecto que:
“Desde la emisión de dicho acuerdo este instituto se avocó al estudio de sus implicaciones en materia de transparencia y acceso a la información (…) con el apoyo de nuestras áreas técnicas hemos advertido que comporta una serie de probables vicios de inconstitucionalidad que es pertinente elevar a la consideración de nuestro máximo tribunal para que realice el análisis de su compatibilidad con nuestra Carta Magna”.
No puede estar por encima de la ley ni de los derechos humanos
Los comisionados del Inai advirtieron sobre los riesgos de un acuerdo como el que publicó el presidente: Ibarra Cadena señaló que hay peligro de que toda la información sobre obras de infraestructura “tenga el carácter de reservada de manera general, previa y dogmática”. Asimismo, el comisionado Adrián Alcalá apuntó que el acuerdo afecta el principio de máxima publicidad y señaló que no debe haber en el país acuerdos cuyo contenido esté por encima de la ley, la Constitución ni de los derechos humanos. También la comisionada Norma del Río dijo que está prohibido de forma explícita por las leyes en materia de transparencia que haya una clasificación previa de la información.
“Este Instituto cuenta con la autonomía constitucional y es la última instancia en materia de acceso a la información para los sujetos obligados, aun cuando el Ejecutivo cuenta con un recurso especial tratándose de seguridad nacional, pero será la propia SCJN la que resolverá cualquier situación al respecto de esta controversia que se presentará”, argumentó del Río.
Con información de El Universal
