Autor: Raúl Rodríguez Cortés
Contener la inseguridad y desactivar la violencia asociada a ella es asignatura pendiente que AMLO reconoció y prometió solucionar al retomar ayer sus conferencias mañaneras. Con el número de homicidios dolosos en aumento y un violento arranque de 2020 –a contrapelo de su incumplido compromiso de “serenar al país” durante los primeros meses de su gobierno-, la pregunta es si lo logrará en un país inundado de armas que entran ilegalmente procedentes, sobre todo, de Estados Unidos.
¿De qué tamaño es el problema?
Un dato de la Sedena lo dimensiona: dos millones y medio de armas de fuego han ingresado ilegalmente a México durante los últimos diez años. A ellas deben sumarse las que, cada vez en mayor número, se adquieren para equipar a las fuerzas armadas y a las corporaciones policiacas que enfrentan a la delincuencia organizada.
La radiografía del tráfico ilegal de armas es alarmante.
La mayoría, 70%, procede de Estados Unidos, trasiego amparado por más de 22 mil establecimientos comerciales con licencia para vender armamento instalados en su frontera sur. Ingresa por los principales corredores de intercambio comercial: San Diego-Tijuana, El Paso-Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.
Del total de armas que circula ilegalmente en el país, 71% se concentra en diez estados: Tamaulipas, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Chihuahua. Son, por cierto, los más violentos, y entre los que se cuentan la mayor parte de los 228 mil 584 homicidios dolosos cometidos entre enero de 2009 y octubre de 2019.
Desde diciembre pasado está en marcha el operativo bilateral Frozen (anunciado por los gobiernos de AMLO y Trump el 21 de octubre anterior), para contener el tráfico ilícito de armamento. No es el primero de ese tipo. A lo largo del tiempo se han aplicado y fracasado otros más. El problema radica en la muy poca voluntad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para legislar respecto a un negocio multimillonario.
Frozen, por lo pronto, será evaluado estos días en que se espera la segunda visita a México en un mes del fiscal general estadounidense, William Barr. La primera fue el pasado jueves 5 de diciembre y al lunes siguiente, 10 de diciembre, fue detenido en Texas, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado durante el juicio en Nueva York de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de dar protección al Cártel de Sinaloa.
¿Traerá el fiscal Barr una nueva sorpresa bajo el brazo?
Instantáneas:
1. NARCOGOBIERNOS. ¿Por qué en el mensaje de año nuevo que envió vía redes sociales desde Palenque, Chiapas, AMLO trajo a cuento que Joaquín Guzmán Loera llegó a tener el poder o la influencia que un Presidente? Es irrebatible el hecho de que los cárteles de la droga han infiltrado gobiernos hasta niveles muy altos. Pero el aserto presidencial amerita más información que, suponemos, tiene en su poder y que, en el mejor de los casos, debería compartir, so riesgo de caer en una fanfarronada. Se le preguntó en la mañanera de ayer y dijo que Guzmán Loera tenía a sus representantes en esos gobiernos. Se le pidió evidencia de tal señalamiento y mencionó a García Luna, aunque aclaró que siempre y cuando se demuestre su culpabilidad. ¿Y si no se le demuestra?
2. RELACIÓN CORDIAL. A propósito del deseo
presidencial de “serenar al país” y que hizo en el contexto de la inseguridad,
un personaje representativo de la iniciativa privada comentó a quien esto
escribe que los empresarios apelan –en ese contexto de serenidad- por una
relación cordial. Dijo que han sentido una persecución que consideran
injustificada y pidió que tras los cambios en el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) se deje atrás la revancha política que, asegura, aún practican
algunos funcionarios del gobierno anterior. Citó el caso de “Integradores de
Tecnología”, de Ricardo Orrantia que, al no haberse alineado en el sexenio
pasado fue presa del acoso fiscal.
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