La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en Segalmex por 8.63 mil millones de pesos, ya que esta entidad, que integra a Diconsa y Liconsa, no ha aclarado el destino de esos recursos.
Irregularidades millonarias
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer su informe general de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, donde reveló las deficiencias de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), tanto en su organización, como en la integración y el registro de su información contable y financiera en los estados financieros. Además, encontró irregularidades por 8.63 mil millones de pesos, ya que dichos recursos no han sido aclarados por el organismo: 5.64 mil millones de Segalmex, 1.41 mil millones de Diconsa y 1.58 mil millones de Liconsa.
Entre las inconsistencias que reportó la ASF está la prestación de diversos servicios que no se comprobaron, además de la falta de registro en tiendas de productos, así como la realización de pagos a agricultores sin facturas que los respalden. En este sentido, se reportó un pago por 1.35 millones de pesos por maíz, arroz y trigo a medianos productores sin que se entregaran las facturas correspondientes. Además, en los inventarios de maíz se registra una diferencia de 185 millones de pesos en los pagos y existen tres contratos de 909 millones de pesos en los cuales no se comprobó la prestación del servicio.
Y la lista sigue y sigue: tampoco se acreditó la recepción de pesticidas por 49 millones de pesos, no se registró la entrada a los almacenes de 4 millones de pesos en productos de la canasta básica y hubo pagos realizados fuera de vigencia por 9 millones a contratos fuera de vigencia. Además, no hay boletas de recepción y liquidación por 531 millones en el caso de los productores de maíz, y de 190 millones de pesos en el de los productores de frijol.
Pagos sin documentación
Aunado a todo lo anterior, Segalmex tampoco entregó documentación que acreditara que los 1.44 mil millones de pesos transferidos a Liconsa correspondieran a 520 millones de litros de pequeños y medianos ganaderos, por lo que no pudo identificarse a los beneficiarios. El órgano pagó también 2.65 mil millones a productores de maíz, arroz y trigo dar cuenta de la normativa a través de la cual se otorgaba el subsidio.
La ASF señaló que Liconsa no presentó documentación para acreditar el pago de 34 millones a una empresa, lo que se suma a pagos a cinco empresas por otros 293 millones de pesos que tampoco tuvieron papeles probatorios. También realizó pagos por 518 millones por cinco contratos para la recepción de leche fresca en cinco contratos sin documentación probatoria y existen otros nueve contratos por 620 millones de pesos para transporte de lácteos en los que tampoco hay documentos que acrediten el servicio.
Lee también: “En este gobierno no hay ladrones”, asegura Presidencia ante observaciones de la ASF
Realizan “la operación cicatriz”
De acuerdo con el artículo de Alejandro Sánchez Cano publicado “El cochinero de Ovalle en Segalmex (1)”, publicado en El Financiero, existe una “operación cicatriz” en la que “operadores del presidente, como Thalía Lagunes, Oficial Mayor de la SHCP”, buscan exculpar a Ignacio Ovalle, titular de Segalmex, “de las graves anomalías que se han encontrado durante su gestión, poniendo en su lugar a varios de sus exsubalternos como chivos expiatorios”. El caso es tan grave, que la FGR cuenta con más de 20 carpetas de investigación abiertas para investigar los casos de corrupción en el organismo, derivados principalmente de malos manejos que encabezan Ovalle y René Gavira.
Tanto los secretarios Adán Augusto López, Rogelio Ramírez de la O y Víctor Manuel Villalobos, titulares de Gobernación, SHCP Y Agricultura, respectivamente, así como el presidente López Obrador, cuentan con información del caso, empero es sesgada y dolosa, toda vez que las indagatorias buscan eximir al verdadero culpable y responsable del cochinero.
Con información de La Jornada y El Financiero
