Autor: Alejandro Hope
Para una familia promedio, no hay inversión más grande o más importante que la compra de su casa. En ese acto, se van el esfuerzo de muchos años y los ahorros de una vida entera.
Esa decisión, sin embargo, se debe tomar a ciegas, al menos en lo concerniente a un tema crucial: la seguridad de la zona donde se adquiere la vivienda. Se pueden obtener tal vez algunas referencias anecdóticas, quizás la percepción de algunos vecinos o, en el mejor de los casos, datos sobre la incidencia delictiva en el municipio en cuestión. Pero nada sistemático que permita evaluar si la cuadra, la calle o la colonia donde una familia planea instalarse es razonablemente segura.
Lo mismo sucede con otras decisiones cotidianas ¿Qué ruta tomar de la casa al trabajo? ¿Dónde instalar un negocio? ¿Dónde realizar compras o usar un cajero automático? Todo eso (y mucho más) debe hacerse al tanteo, confiando en el instinto, sin información que permita administrar el riesgo de ser víctima de un delito, sin datos que permitan estar tranquilo cuando se debe o alerta cuando es necesario.
Esa falta de información granular también contamina nuestra discusión pública sobre seguridad. Vemos datos terribles de crimen y violencia en un municipio y asumimos que está en llamas, sin percibir que, con toda probabilidad, el grueso de los delitos se comete en unas cuantas cuadras de unas cuantas calles de unas cuantas colonias.
Por otra parte, sin datos finos, es muy difícil evaluar desde la sociedad el desempeño de las instituciones de seguridad ¿Sirven los patrullajes para disuadir la actividad delictiva? ¿O la instalación de cámaras de vigilancia? ¿O el establecimiento de retenes? Con el nivel de información pública disponible, es imposible saberlo con un grado mínimo de precisión.
Todo lo anterior se resolvería con una medida relativamente simple: poner a disposición del público información de incidencia delictiva a nivel calle. Esto no es algo utópico o irrealizable: en el Reino Unido, por ejemplo, se pueden consultar datos a nivel de código postal, con desglose de puntos específicos (https://www.police.uk). Lo mismo sucede en diversas ciudades estadounidenses como Nueva York (https://maps.nyc.gov/crime/) o Chicago (http://bit.ly/2QxTJgw).
Y en México, ya hay ejemplos. Desde hace un año, por iniciativa de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), el gobierno de la Ciudad de México ha hecho pública información a nivel calle de carpetas de investigación y víctimas, recopilada por la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (http://bit.ly/2QVJ6D9). Gracias a eso es posible saber, por ejemplo, que los homicidios tienden a concentrarse en unas pocas calles de unas pocas colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. O que el robo de auto con violencia es particularmente prevalente en calles alimentadoras de vías primarias (Periférico Sur, Circuito Interior, etc.). Es decir, los habitantes de la Ciudad de México pueden evaluar con mucho mayor precisión los riesgos de su vida cotidiana.
Algo similar pueden hacer los bajacalifornianos. En ese estado fronterizo también es posible mapear la incidencia delictiva a nivel calle y colonia, aunque con menor detalle a nivel de incidente y mediante un interfaz poco amigable (http://bit.ly/300WFp5)
Pero ese privilegio está vedado para el resto de los mexicanos. Fuera de la capital y Baja California, los ciudadanos de este país viven a oscuras sobre lo que ocurre en su entorno inmediato, cerca de su casa, su trabajo o su escuela, tratando de mitigar riesgo al puro tanteo.
Eso tiene que cambiar ya.
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