En un inicio, se calculaba que el daño a las arcas públicas ascendía a cerca de 8 mil 600 millones de pesos.
En compra de acciones bursátiles
El monto del dinero desviado dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría alcanzar 10 mil millones de pesos, más de 2 mil millones de lo inicialmente se había estimado.
El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) de la FGR, porque además de la contratación de compra y venta irregular de suministros, se descubrió que 100 millones de pesos fueron usados para la compra de acciones bursátiles.
La investigación indaga la posible existencia de una red de corrupción involucrada en desvíos de inventarios de maíz y frijol; nóminas “fantasmas”; simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, granos básicos y trigo, así como de pesticidas, gastos en transporte de productos agrícolas, subutilización de bodegas propiedad de Segalmex, adquisición de granos a productores que no requerían subsidios y venta de los productos a empresas privadas por debajo de los precios de garantía.
Cantidad mayor a la Estafa Maestra
La cantidad de dinero desviada es el doble de los recursos implicados en la “Estafa Maestra”, triangulación por medio de la cual las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) robaron cerca de 5 mil 73 millones de pesos al erario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
María de la Luz Mijangos Borja, titular de la FECC, fue la encargada de la primera etapa de las investigaciones, durante la cual se realizó la consignación de un expediente relacionado con la autorización que dio René Gavira Segreste, ex director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, para que se adquirieran bonos bursátiles. Derivado de esta acción legal, los recursos ya fueron devueltos.
Por otro lado, las denuncias por parte de la SFP y de la ASF indican la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita en una red de complicidades que involucra a funcionarios y empresas. Investigación que acumula ya 15 carpetas.
Ignacio Ovalle Fernández, ex director del organismo y quien ahora es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), compareció ante las autoridades para responder sobre los mecanismos de asignación de contratos, la falta de controles administrativos y de mecanismos de supervisión y detección de irregularidades, así como de la colocación de recursos públicos en fondos bursátiles.
Ejercicios fiscales 2019 y 2020
La Femdo investiga el manejo ilícito de más de 3 mil millones de pesos del ejercicio 2018-2019, así como anomalías en el ejercicio del presupuesto 2020 por un monto de 5 mil 640 millones de pesos, además de irregularidades en el manejo y contabilidad de los ingresos propios de Segalmex en ambos ejercicios fiscales.
Igualmente, con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se busca conocer el destino de los recursos señalados con irregularidades y los probables funcionarios y empresas que se beneficiaron de este desvío de fondos.
“Se desconoce si se negociaron los precios y condiciones de la venta con base en la situación que prevalecía en el mercado, y el destino (empresas beneficiadas con su registro federal de causantes, volúmenes entregados, el precio de venta de cada uno de los productos y montos de recursos recibidos por la comercialización y su reflejo en el presupuesto y los estados financieros) que tuvo el maíz, y la leche adquiridos a precios de garantía”.
Con base en los resultados de la auditoría de 2020, se debe indagar “el total de maíz comercializado con empresas particulares”, ya que Segalmex vendió a dos empresas 15 mil 420 toneladas a un precio de 13 mil 100 pesos la tonelada, “por debajo del precio medio rural de 14 mil 243 pesos”.
Con información de La Jornada.
