Si se construye un buen andamiaje institucional el litio podría impulsar la economía, pero antes se tendrían que resolver algunas situaciones.
Explotar el oro blanco
A pesar de las críticas sobre la capacidad del país para la explotación del litio en cuanto a infraestructura y revocar concesiones, algunos especialistas coinciden en que si se construye un buen andamiaje institucional el litio podría impulsar la economía nacional pero antes tendría que resolver algunas situaciones.
En cuanto a las concesiones, la International Chamber of Commerce México (ICC México) alertó que las modificaciones a la Ley Minera sobre el litio son violatorias al Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), lo cual podría obligar al Gobierno de México a pagar sumas multimillonarias en indemnizaciones
“Resulta preocupante que en la reforma a la Ley Minera no se contempla ningún tipo de excepción a la declaración de utilidad pública, ni refiere qué pasará con las concesiones vigentes. De tal suerte que, de revocarse o dejarse sin efecto las concesiones otorgadas en la materia, el Gobierno de México estaría obligado a indemnizar a los inversionistas conforme al CPTPP y otros instrumentos internacionales vigentes”.
La reforma, dice la ICC México, viola los artículos 9.12 y 10.7 del CPTPP, que prohíben que las partes firmantes modifiquen su marco normativo para introducir restricciones en actividades que se hayan marcado como reservadas. En el acuerdo no se específica que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio sea exclusiva del Estado.
“ICC México reconoce que el litio, al igual que otros recursos minerales, son patrimonio de la nación, tal como lo consagra el artículo 27 Constitucional. Sin embargo, dicho reconocimiento no debe confundirse con el derecho que tienen los inversionistas mexicanos y extranjeros de participar, a través de concesiones, en actividades económicas relacionadas con la exploración, explotación y producción de recursos minerales”.
Además del CPTPP y de su Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), la reforma a la Ley Minera también podría violar APRIs celebrados con Australia, China, y el Reino Unido.
Voces en contra de nacionalizar el litio
Sumada a posibles demandas de empresas internacionales, figuras políticas de oposición alertaron que la reforma podría ocasionar una lluvia de amparos y controversias constitucionales.
Felipe Fernando Macías Olvera, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, explicó que la Constitución señala claramente que en los procesos de extracción de minerales puede haber participación privada y pública, y eso incluye al litio, por lo que una ley secundaria no puede exceder lo que la Carta Magna permite.
“Quieren que una paraestatal como Pemex, que es un lastre, entre específicamente en la exploración y explotación del litio, cuando no hay ni siquiera recursos para crear una empresa, y tenemos una CFE que se ha descuidado totalmente por una mala administración del emblemático líder de la corrupción, Manuel Bartlett”.
Las concesiones vigentes
El senador de Morena, Alejandro Armenta, informó que en el país existen 31 concesiones para exploración de litio, la empresa Bacanora Minerales de origen inglés-canadiense cuenta con cuatro para buscar el mineral en Sonora.
De estas cuatro concesiones, dijo Armenta, tres son para exploración, pero la cuarta es para producción, la única concesión de su tipo en el país.
De las 31 concesiones, la empresa canadiense Organimax Nutient Corp cuenta con 15 proyectos de exploración de litio distribuidos en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, y Coahuila. Además del litio la empresa tiene permitido buscar potasio y boro.
Con información de Reporte Índigo.
