Autor: Salvador García Soto
Muy poca gracia debió hacer a las autoridades estadounidenses la comentada y difundida boda de Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín Guzmán Loera y hermana de Ovidio Guzmán, el otro hijo del Chapo que doblegó al Estado mexicano al ser liberado tras su detención el 17 de octubre de 2019. La Catedral de Culiacán, la misma ciudad donde ocurrió la inédita hazaña que convirtió a un desconocido como Ovidio en leyenda del narcotráfico, fue el escenario de la lujosa boda de la que nadie en el gobierno del presidente López Obrador estuvo enterado y que fue presumida en las redes sociales como cualquier evento de la socialité mexicana.
Incluso en la prensa y en las redes hay versiones que aseguran que el mismo Ovidio, en contra de quien pesa una orden de aprehensión del gobierno de Estados Unidos y una solicitud de extradición que no pudo cumplimentarse en aquel fallido operativo del “Culiacanazo”, asistió como invitado al ostentoso festejo de su hermana, que a plena luz del día en una Catedral cerrada exclusivamente para su ceremonia y luego en la lujosa finca Álamo Grande, confirmó que, aún con su padre, El Chapo Guzmán, preso de por vida en una cárcel estadounidense, el poderío de su familia y del Cártel de Sinaloa sigue intacto y hasta se exhibe públicamente y sin tapujos.
Porque a la ceremonia religiosa y luego al festejo, se vieron llegar decenas de camionetas blindadas y autos de lujo, además de un despliegue de seguridad de hombres fuertemente armados que custodiaban tanto la catedral culiacanense como el rancho en donde celebraron los novios y sus familiares y amigos. De todo ese depliegue nadie en el gabinete de seguridad federal, ni en el Ejército mexicano, ni en la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República ni en la Marina, se enteraron o al menos eso explicaría por qué no montaron algún operativo, ya no digamos para saber qué invitados acudían y si había algunos con órdenes de aprehensión, sino para al menos saber lo que estaba ocurriendo en Culiacán el sábado pasado al mediodía.
Y no es difícil suponer que la boda de la que todo mundo tuvo imágenes e información detallada, menos el gobierno mexicano, vaya a remover la molestia que en Washington y en la embajada de Estados Unidos en México permanece por aquel fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán. Todavía hoy, más de tres meses después de aquellos hechos, nadie sabe explicar en la administración de López Obrador, por qué se ejecutó un operativo tan mal planeado y cómo fue que los soldados del Cuerpo de Fuerzas Especiales fueron a la capital de Sinaloa a detener a Ovidio sin una orden de aprehensión librada por jueces mexicanos y hasta sin orden de cateo para sacarlo de su domicilio.
Porque aquel 17 de octubre fatídico para la 4T los integrantes del Ejército actuaron para cumplir una orden de aprehensión de la justicia estadounidense y una petición de extradición que fueron formuladas unas semanas antes por el Departamento de Justicia de EU a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La orden de detención y extradición contra Ovidio, por parte de Washington, se generó después de la visita que realizaron el 20 de septiembre de 2019 a Culiacán, el ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en México, John S. Creamer y el administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Uttam Dhillon, quienes fueron recibidos personalmente por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y su secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, quienes les presentaron un informe de los avances del estado en materia de seguridad, que incluyó una visita a la sierra sinaloense en helicóptero.
En aquel recorrido, el gobernador le mostró a los funcionarios estadounidenses dos laboratorios de fentanilo que acababan de ser destruidos en un operativo conjunto del estado y el Ejército. Cuando los visitantes vieron el tamaño de aquellos laboratorios de inmediato preguntaron quién se encargaba de producir el fentanilo, la droga más letal y de mayor consumo en estos momentos entre los estadunidenses. Y la respuesta que les dieron fue que esa parte del Cártel de Sinaloa era manejada por Ovidio Guzmán Salazar. “¿Quién es Ovidio?”, preguntaron los estadounidenses, y al enterarse de que se trataba de un hijo del Chapo Guzmán, regresaron alarmados a su país y abrieron un expediente que dos semanas después ya tenía órdenes de aprehensión y extradición giradas por jueces de los Estados Unidos contra el menor de los hijos del Chapo.
Las dos peticiones para capturar y extraditar a Ovidio fueron enviadas al canciller Marcelo Ebrard, quien a su vez las mandó a la Fiscalía General de la República para que se cumplimentaran. Pero algo extraño pasó que nunca se les dio trámite y cuando ocurrió, “nadie sabe quién dio la orden” de mandar una célula de élite del Ejército mexicano a detener a Ovidio a Culiacán aquel 17 de octubre, extrañamente los militares no llevaban las necesarias y obligadas órdenes de aprehensión giradas por un juez mexicano y que debieron pedir en la FGR.
Por todo eso y porque Ovidio Guzmán Salazar, hoy convertido en leyenda entre los narcos mexicanos, sigue sin ser detenido casi cuatro meses después y, no sólo no se cumplen las peticiones oficiales del gobierno de Estados Unidos, sino que además el capo más joven de la dinastía Guzmán se pasea tranquilo en bodas y celebraciones familiares, es que en Washington la excéntrica y publicitada boda, no debe haber gustado nada, y no sería raro que pronto hubiera un manotazo, uno más, para el gobierno lopezobradorista. Que al fin ya están acostumbrados.
