En 2019, el PEF destinó cientos de millones a la rehabilitación de dos pistas del AICM, sin embargo, hace un par de semanas se reportó en una de ellas la existencia de un bache que retrasó varios vuelos, incluido uno de AMLO.
Más de 452 millones para rehabilitar las pistas
La Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas 2019-2-09KDN-22-0358-2020 358DE, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicada el 30 de octubre de 2020, reveló que en el año 2019 el gobierno destinó más de 452 millones de pesos a la rehabilitación de dos pistas de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de inversión de infraestructura para el AICM por 452.78 millones de pesos, el cual fue propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Este proyecto contemplaba la rehabilitación de las pistas 05L-23R y 05R-23L y de la calle de rodaje delta, así como la construcción de un pasillo en L en una de sus terminales. Para llevar a cabo un total de 155 obras, la SCT contrató a 10 empresas mediante licitaciones públicas.
No obstante, el pasado 24 de julio se reportó un bache en la pistas 05R-23L, lo que ocasionó el retraso de varios vuelos, entre ellos, uno en el que regresaba a la Ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa encargada de su rehabilitación era Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. DE C.V., la cual, según el informe de la ASF, se encuentra entre aquellas que “no garantizaron las mejores condiciones para el Estado”, pero obtuvo el contrato 002-O19-AICMK2-O1 por 80.62 millones de pesos.
Adjudicación directa
En la auditoría publicada en 2020, la ASF determinó que la obras del AICM se asignaron sin realizar “una comparativa, pues se adjudicó el contrato a la única propuesta presentada”. Además, apunta que fue deficiente la planeación de la contratación de obras y servicios, “ya que se consideró un programa de servicios mayor que el del contrato que supervisaría”.
El informe también señala que no hubo una manifestación de impacto ambiental y que hubo una revisión deficiente de los documentos presentados por la empresa contratista para reportar el resultado de su servicio. Sobre los costos, la ASF estimó posibles daños al erario por 9.53 millones de pesos.
“De ese total, 3.36 millones son por el incumplimiento del alcance del concepto Estudio y aplicación con sistema Georadar, ya que no se detectaron un turbosinoducto y un colector que provocaron trabajos extraordinarios y retrasos en la obra (…) Otros 2.62 millones se observaron en la compra de cemento asfáltico ‘por diferencias entre la cantidad pagada y la obtenida con las pruebas de laboratorio'”, desglosa la ASF.
Con información de El Universal
