La filtración a los correos electrónicos de Sedena (conocida como “Guacamaya Leaks”) reveló que existen decenas de denuncias de abuso sexual al interior del Ejército.
Encuentran testimonios de las víctimas
El hackeo a millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que al menos 42 militares han sido denunciados por delitos como abuso sexual o violación cometidos contra civiles y compañeras del Ejército, y que los perpetradores aprovechan su cargo para amedrentar a las víctimas, a quienes acorralan en lugares recónditos o amenazan para “convencerlas” de que nadie creerá en su testimonio.
De acuerdo con uno de los documentos de Sedena, del 9 de noviembre de 2021, de noviembre de 2009 hasta esa fecha, había 308 militares acusados, procesados o sentenciados por violar los derechos humanos, de los cuales 23 fueron acusados de los delitos de violación calificada o abuso sexual. Entre estos últimos, diez fueron procesados, ocho casos se archivaron y solo cinco casos recibieron una sentencia.
“Otras denuncias más recientes, a las que ha tenido acceso este diario, datan de 2021, e implican a tenientes de Sanidad de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad en la capital, a ingenieros constructores de la Ciudad de México y oficiales de menor rango contra un civil de 19 años en La Paz, Baja California. Este último caso relata cómo tres soldados atacaron a un chico en ese municipio cuando salía de su casa y lo torturaron con un tubo metálico”, relata el diario español El País.
Amenazas e intimidación
Entre las denunciantes, hay una mujer perteneciente a la Guardia Nacional, quien señaló que, en noviembre de 2021, cómo sufrió el acoso de un mando superior que la abrazó a la fuerza mientras estaban en una lavandería y quien posteriormente abusó de su posición mientras explicaba frente a otros compañeros cómo inspeccionar a una persona detenida: “Empezó a revisarme de forma exagerada, apretando mi pecho con ambas manos y lastimándome (…) posteriormente pasó las manos por el resto de mi cuerpo, ocasionando que mis compañeros se rieran”. Los hechos ocurrieron en Ojinaga, Chihuahua.
La mujer también denunció a un capitán que en marzo de 2021 la besó a la fuerza y expresó sentirse atemorizada por las amenazas que suelen utilizar los abusadores sexuales para acallar las denuncias de abuso sexual: “tengo miedo de que me hagan daño”, señala en la denuncia y, para evitar alguna represalia en su contra, pidió ser trasladada a otra ciudad.
“Otras compañeras de Marina han formulado denuncias por otros hechos y en contra de otro personal de la Sedena sin que estas prosperen, ya que no las atienden y optan por irse de baja, no decir nada o las cambian de lugar”, relata la víctima.
En otra de las denuncias, una soldado reportó que en Punta Naranjos, Chihuahua, altos mandos militares ingresaban a las habitaciones de las trabajadoras de una coordinadora militar y se acercaban a “seleccionar las que son de su agrado”. De acuerdo con el testimonio, si no accedían a tener relaciones sexuales con ellos, las sometían a represalias físicas y psicológicas. Los obstáculos que se presentan para las víctimas tras este tipo de denuncias son muchos y pocos casos llegan hasta los tribunales militares, con sentencias que resultan insuficientes por los daños ocasionados:
“Una soldado tuvo que esperar dos años y medio y escuchar en numerosas audiencias a varios mandos del Ejército desmentir que un teniente y un subteniente hayan abusado sexualmente de ella en un clóset del Hospital Central Militar de Ciudad de México en julio de 2018. Después de ser sometida a numerosas evaluaciones, intentos de desacreditarla y de acallarla con dinero, consiguió que les condenaran a la pena mínima, seis años de cárcel y 5.300 pesos de multa, unos 260 dólares. Una larga pesadilla para volverse en uno de los pocos casos de éxito de justicia contra los abusos sexuales dentro del Ejército”.
Con información de El País
