La Secretaría de Seguridad Ciudadana ordenó a la GN brindar servicios de resguardo para funcionarios y políticos de alto nivel.
Guardia Nacional a disposición de burócratas
De acuerdo con documentos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que encabeza Rosa Icela Rodríguez, desde esta dependencia se han girado instrucciones a Luis Rodríguez Bucio, comisario general de la Guardia Nacional (GN), de poner a disposición elementos de la corporación para el resguardo de personal de la administración pública federal, diplomáticos, líderes religiosos, jueces y titulares de organismos autónomos.
En los oficios se solicita a la GN brindar, mantener o extender el servicio de seguridad personal de elementos hacia funcionarios o sus familiares por “amenazas”.
Rodríguez Bucio ya había informado que la corporación a su cargo brindó protección personal a 64 candidatos que compitieron en los comicios federales del 6 de junio de 2021.
¿Qué funcionarios han recibido escolta?
En abril de 2020 se solicitó mediante oficio la asignación de cuatro efectivos de la Guardia Nacional para protección personal del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell “debido a que recibió amenazas calificadas como reales y de consideración durante el desempeño de sus funciones”.
A estas peticiones se suma Rocío Nahle, secretaria de Energía; el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; el director general de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra; además de Carlos Antonio Alpizar Salazar, titular de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y Hugo Eric Flores Cervantes, expresidente del Partido Encuentro Social (PES) y exdelegado federal de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar.
En otro documento fechado el 7 de octubre de 2021, la directora general técnica Patricia Carmona Domínguez ordenó a Rodríguez Bucio atender solicitudes de resguardo a personajes como el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, o al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
En el caso de autoridades estatales, Evelin Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero por Morena, solicitó “la continuidad del servicio de seguridad a su persona que le otorgan elementos de la Guardia Nacional”.
Guaruras para exgobernador que permanece en prisión domiciliaria
Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, fue custodiado de su domicilio a una clínica dental en la ciudad de Chetumal para 14 sesiones de tratamientos odontológicos por elementos de la GN a solicitud de su defensor público.
El exmandatario priista está acusado de delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud. En junio de 2020 se le dio el beneficio de prisión domiciliaria por su avanzada edad y problemas de salud.
¿Existe sustento legal?
De acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Ley de la Guardia Nacional que describen las funciones, fines, atribuciones y obligaciones de la institución, no se menciona de manera puntual la atribución de brindar protección a servidores públicos. Solo actuar en coordinación con otras autoridades en situaciones de peligro para salvaguardar la integridad de “las personas”.
“Colaborar […] con las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente”.
La institución que sí está expresamente facultada para dicha función es el Servicio de Protección Federal (SPF), cuyo reglamento expresa que “tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, comenta que la GN no está pensada para la protección de funcionarios, como si lo era el Estado Mayor Presidencial y señala que, en todo caso “se hubiera creado un cuerpo especializado para realizar esas tareas”, y cuestiona que “se estén utilizando recursos de una institución de seguridad pública para funciones de seguridad privada”.
Con información de El Sol de México.
