Ignacio Mier descartó por completo la discusión en el pleno del aumento de multas por injurias al presidente, aprobado en Comisiones.
Mier descarta que ley se discuta en el pleno
Tras la polémica surgida por el análisis y aprobación en Comisiones de la Ley de Delitos de Imprenta, la tarde de este miércoles el legislador morenista Ignacio Mier descartó por completo que la iniciativa llegue al pleno.
En un tuit, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que bajo su liderazgo la actualización a multas por injurias al presidente no será discutida porque no es parte de la agenda de su partido.
La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación NO PASARÁ al Pleno mientras presida la JUCOPO y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo.
— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 15, 2023
Aunque precisó que la decisión no es producto de un error político, como aseguró Ricardo Monreal, lo cierto es que la propuesta generó fuertes protestas y acusaciones por violar el derecho a la libertad de expresión.
El dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados respecto a injurias y otros es un error estratégico y político, además de un exceso. Conversando con senadoras y senadores de MORENA, coincidimos en que no debe transitar, aunque hay libertad.
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 15, 2023
Entérate: La amenaza a la libertad de expresión en la 4T
AMLO dijo que vetaría la ley si se aprobaba
El cambio de planes también pudo ser en respuesta a los dichos de López Obrador en su conferencia matutina. Al preguntársele por la iniciativa, AMLO aseguró que, de aprobarse, usaría su facultad de veto para desecharla.
“Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso. No necesito eso, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué, o sea no, libertad de expresión”.
Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, diputada de Morena, fue quien presentó la iniciativa de Ley de Delitos de Imprenta a la Comisión de Gobernación y Población que preside Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI.
Ley ya había sido derogada en 2020
Analistas como Juan Ortiz recordaron que la Ley de Delitos de Imprenta ya había sido derogada en 2020. Mientras que el delito de “Ataques a la vida privada”, que también planeaban revivir, ya había sido desechado en 2007.
“Resulta que la Ley de Delitos de Imprenta había sido eliminada en 2020 por los propios diputados. Pues es contraria a la libertad de expresión. Pero ahora la modifican. Vaya forma de legislar“.
Por su parte, organizaciones como ARTICLE 19 expresaron su preocupación por la criminalización que la ley supone para medios de comunicación, imprentas y personas voceadoras.
“Estas reformas tienen un impacto sumamente negativo en la libertad de expresión en México, ya que pretenden reactivar una ley que debería estar abrogada desde hace mucho tiempo. En un contexto, donde según nuestras cifras se agrede a la prensa cada 13 horas por ejercer su labor, esta reforma perfila la criminalización de la libertad de expresión. […] De aprobarse, se generaría un efecto inhibidor en la discusión y deliberación públicas, con un impacto agravado para el ejercicio periodístico“.
Te recomendamos: Las víctimas del sexenio: periodistas y mujeres
¿Qué proponía la Ley de Delitos de Imprenta?
Este martes, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados voto a favor de reformar la Ley de Delitos de Imprenta. Los cambios elevan las multas al cuádruple contra quien publique palabras y expresiones injuriosas contra el presidente de la República.
La iniciativa fue presentada por Morena bajo el argumento de que las sanciones actuales son demasiado laxas y no desincentivan a cometer dicho delito.
Los artículos que se modificarían son el 10, 13, segundo y tercer párrafo; 15, párrafo segundo; 20; 32, fracciones I y II; y 33, fracciones IV a VIII. Con ello se actualizarán las multas establecidas en pesos para que sean cuantificadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2023 cada UMA equivale a 103.74 pesos.
Las sanciones también contemplan insultos a los siguientes funcionarios:
- Un magistrado de la Suprema Corte, magistrado de circuito o del Ciudad de México o de los estados.
- Juez de distrito o del orden común ya sea del Ciudad de México, de los territorios o de los estados.
- A un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados.
- A un general o coronel, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
- Jefe de Gobierno y Gobernadores.
De igual forma, se incluyen injurias a naciones amigas, a los jefes de ellas o sus representantes acreditados en el país.
Con información de Animal Político, El Economista.
