Juan Ortiz explica los riesgos en el proceso de elección de consejeros y del Plan B para la estructura del INE.
Riesgos en la elección de nuevos consejeros del INE
Juan Ortiz, desde su columna Lupa Legislativa, comparte los escenarios a los que se enfrenta el INE y que amenazan su estructura.
El primero, es la conformación del Comité Técnico de Evaluación. Este se integra por 7 personas, 2 designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); 2 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y 3 por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
Por parte de la CNDH están Ernesto Isunza y Araceli Mondragón, simpatizantes de Morena. Mientras que, de la Jucopo, fueron nombrados Enrique Galván Ochoa, quien participó en la elaboración de la Constitución Moral, y Andrés Norberto García Repper, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas.
De manera que 5 de 7 integrantes del Comité son leales al obradorismo. Esta circunstancia aumenta el riesgo de que las listas de perfiles para las consejerías electorales sean integradas por personas afines al proyecto de AMLO y sin experiencia probada.
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Plan B fue aprobado violando el proceso legislativo
En segundo lugar, Ortiz explica que la aprobación del Plan B en el Senado culmina con una serie de irregularidades al proceso legislativo y violatorias a la Constitución.
Una de ellas, que el Plan B se discutió y aprobó el mismo día que la reforma constitucional fue rechazada. Sin embargo, la Constitución impide que un asunto sea discutido dos veces en el mismo periodo legislativo.
La segunda, es la eliminación de la cláusula de transferencia de votos entre partidos de coalición. Una ley no puede intervenirse una vez aprobada por ambas Cámaras. No obstante, los diputados decidieron quitarla ante la polémica que despertó. Acción que a ojos del Senado es inconstitucional y para la oposición es otra irregularidad al proceso legislativo.
“Eso ocurre cuando se legisla al vapor para cumplirle al presidente”.
El día de ayer el Senado aprobó el segundo decreto del Plan B y ahora el Ejecutivo tendrá 40 días para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Tras su entrada en vigor, existe un plazo de 30 días para impugnarla ante la SCJN. Por ello, la marcha del 26 de febrero se torna fundamental.
“Están convocadas decenas de ciudades, pero el principal acto será la sede de la SCJN. Habrá que estar atentos al número de participantes, así como las reacciones del presidente porque se realiza justo en el Zócalo, considerado como ‘su territorio’ y ‘termómetro político’”.
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Elecciones en Tamaulipas encienden las alertas
Las elecciones extraordinarias en Tamaulipas dejan varios mensajes, afirma Juan Ortiz. El primero es el alarmante nivel de abstencionismo registrado en las votaciones, casi del 80% de los 2.7 millones de ciudadanos que podían sufragar.
“Eso obliga una profunda reflexión para los partidos políticos, cuyas plataformas y candidatos no son atractivos. Aunque también como ciudadanos, porque esta falta de participación permite que sean las estructuras partidistas quienes decidan por nosotros”.
El segundo, es la vuelta que Morena dio a la oposición en un territorio que habían ganado apenas en la elección de 2022. José Ramón Gómez Leal de la coalición Morena-PT logró más del 70% de los votos.
“Esto debe ser una señal de alerta para las dirigencias de Va por México en las elecciones de Coahuila y Estado de México”.
En tercer lugar, pero no menos importante, el INE demostró su capacidad para organizar elecciones confiables. Se logró la instalación del 100% de las 4 mil 777 casillas en 43 municipios. Participaron mil 127 supervisores y capacitadores asistentes, así como 26 mil 748 representantes de partidos políticos.
Con información de EME EQUIS.
