Si uno se atiene a las cifras federales, la pandemia de coronavirus parece domada en Puebla: en la última semana, se habrían sumado 27 decesos por Covid-19, para llegar a un total estatal de 92.
En cambio, si uno toma de fuente el gobierno estatal, la película es muy distinta: el número de decesos por Covid en Puebla habría aumentado de 86 a 141 en el mismo periodo.
La diferencia entre el conteo federal y el estatal no es menor: equivale a un número de decesos superior al total de 23 entidades federativas.
¿Cuál es el dato bueno? ¿El federal o el estatal? Difícil saberlo. De acuerdo con la secretaría de Salud federal, los gobiernos estatales son los responsables de registrar sus datos en un sistema nacional. Pero las autoridades de Puebla (como antes las de Baja California) alegan que ellos registran adecuadamente los casos y que hay un problema con el sistema.
El contraargumento federal es que, tal vez Puebla haya registrado en el sistema 49 decesos adicionales, pero no los acompañó de la documentación correspondiente: en específico, los certificados de defunción.
Eso, en principio, abriría una ruta para zanjar la discusión: solo habría que recurrir al registro civil en Puebla y averiguar cuantos certificados de defunción, donde se liste a Covid-19 como causa de muerte, se han emitido en el estado.
Pero resulta que eso no se puede. Ni en Puebla ni en ningún otro estado. El proceso de validación, recopilación, organización, agregación y divulgación de información sobre defunciones es casi manual y toma meses.
En un documento de Inegi publicado en 2013, se describía así la ruta para llegar a estadísticas sobre defunciones:
“Se requiere que se cubran tres momentos: 1. Las fuentes informantes [oficinas del registro civil, Semefos y agencias del Ministerio Público] entregan mensualmente a las coordinaciones estatales del Instituto, la información de la estadística de defunciones generales que registraron el mes anterior; 2. Las coordinaciones estatales, después de revisar la integridad de la información, inician su tratamiento manual (registro, lotificación, crítica-codificación y foliación) y la envían a las direcciones regionales del Instituto para aplicar el tratamiento electrónico (captura, procesos y emisión de resultados preliminares) de la información; 3. Las direcciones regionales envían a Oficina Central del Instituto, los archivos estatales de la estadística de defunciones generales, para su integración nacional y difusión de resultados.”
Tal vez ese proceso haya cambiado un poco desde entonces, pero a grandes rasgos, sigue siendo el mismo. El INEGI agrega toda esa información y la publica en octubre del año siguiente. Es decir, en seis meses, vamos a tener las estadísticas detalladas de defunciones de 2019. Para saber lo que sucedió este año con Covid-19, vamos a tener que esperar hasta octubre de 2021.
Esto contrasta con las prácticas de otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, es posible acceder a conteos semanales de defunciones totales, con un rezago de 15 días. En Francia, se puede obtener información diaria, con corte por departamento y un rezago de apenas una semana.
¿Por qué no se puede hacer algo así en México? En parte por un atraso tecnológico serio, pero también por falta de capacitación del personal y la ausencia de procesos eficientes de captura y validación de información. Y detrás de todo esto, hay una insuficiencia presupuestal sistémica: gastamos poco en la generación de buenas estadísticas.
Ojalá ese sea uno de los aprendizajes de la pandemia: hay pocas cosas tan útiles para el país como tener buenos datos. En este tema, la austeridad sale muy cara.
