Desde hace varios años el país está inmerso en una crisis de seguridad que incluye como una de sus características más graves los ataques a periodistas.
En 2018, las respectivas relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas denunciaron que en México “hay prácticas intimidatorias contra la prensa”. Ese mismo año Artículo 19 denunció que la situación de periodistas en nuestro país solo se podía comparar con la de países en situación de guerra.
Hoy, dos años después, con otro gobierno federal y cambios en distintos gobiernos estatales, la situación no ha variado.
La libertad se debilita cuando hay ataques coordinados y sistemáticos contra quienes se dedican a informar y contra quienes disienten. Disentir, sin miedo a represalias, es necesario para que exista el diálogo y la posibilidad de lograr acuerdos que incorporen distintos puntos de vista.
No podemos pasar por alto que en nuestro país se necesitan más espacios de diálogo, sobre todo para amplificar las voces de las personas víctimas de injusticias, de discriminación y desigualdad.
Si no somos capaces de favorecer el debate respetuoso quedamos sujetos al dominio de quienes gritan más, de quienes saben mentir y de quienes tienen recursos abundantes para acallar otras voces -poder, influencia, vínculos-.
Muchas personas tenemos acceso a las redes sociales digitales, ampliando la arena de la expresión pública; sin embargo, junto con el acceso a estas plataformas, se ha incrementado el discurso de odio y el uso articulado para linchar, descalificar, agredir y fomentar la desconfianza.
El autor es Rector del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y puedes leer la columna completa aquí.
