Integrantes del Consejo Consultivo acusan a Rosario Ibarra de lanzar amenazas, calumnias y de tomar decisiones arbitrarias y contrarias a la ley
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) enfrenta una profunda crisis después de que los miembros de su Consejo Consultivo presentaran una renuncia unánime. En una carta enviada a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, los consejeros detallaron las razones de su decisión.
En la carta, los miembros del Consejo Consultivo expresaron su frustración y preocupación por la actitud de la presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra. Alegaron que a lo largo de su mandato, se les ha desatendido, amenazado y calumniado, y que su labor ha sido desdeñada de forma reiterada.
Según los consejeros, la presidenta Ibarra ha obstaculizado su trabajo de manera sistemática, llegando al extremo de ignorar sus recomendaciones y amenazar a algunos de los miembros del consejo. Además, acusan a Ibarra de no respetar las decisiones unánimes del Consejo y de tomar acciones contrarias a la ley.
Uno de los puntos de conflicto mencionados en la carta se refiere a la atribución del Consejo Consultivo de establecer “los lineamientos generales de actuación de la comisión nacional”. Según los consejeros, esta facultad les ha sido negada por la presidenta Ibarra, quien ha ignorado sus observaciones en asuntos que son de su competencia exclusiva.
Ante decisiones arbitrarias, compromiso con México
Es importante destacar que los miembros del Consejo Consultivo no reciben salarios ni remuneración económica por su labor y costean sus propios gastos de transporte para asistir a las reuniones del consejo. Lo hacen por el compromiso personal de servir a la causa de los derechos humanos y la protección de las víctimas en México.
La renuncia masiva del Consejo Consultivo es un evento que se da por segunda ocasión en lo que va de la presente administración y arroja dudas sobre la independencia y el cumplimiento de la CNDH con su mandato de defensa y protección de los derechos humanos en el país. Los miembros renunciantes argumentan que su presencia en el Consejo parecía solo legitimar decisiones arbitrarias y unilaterales de la presidenta Ibarra.
Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de la CNDH y su capacidad para cumplir con su importante rol en la defensa de los derechos humanos en México. La renuncia del Consejo Consultivo podría tener implicaciones significativas en el funcionamiento y la credibilidad de esta institución clave para el Estado de Derecho en el país.
Consejero Consultivo desdeñado por Rosario Ibarra
Los ahora ex miembros del Consejo Consultivo señalaron que han intentado mediar y razonar con la presidenta de la CNDH en numerosas ocasiones, pero sus esfuerzos han sido en vano. Han enfrentado diferencias en asuntos que varían desde simples interpretaciones hasta procedimientos internos, como la definición de quórum, la mayoría de votos y el conflicto de intereses en la contratación de personal. Incluso se les ha negado la facultad de hacer modificaciones al orden del día de las sesiones del consejo.
En su carta, las y los consejeros Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez Jorge Alejandro Saavedra López, Ángel Trinidad Zaldívar y Georgina Diédhiou Bello mencionaron casos extremos, como la no emisión de recomendaciones generales que parecían destinadas a evitar la incorporación de sus observaciones y la publicación de posicionamientos públicos sobre los derechos humanos en los que la presidenta Ibarra decidía manifestarse en sentido contrario a lo unánimemente aconsejado.
El caso de la CNDH refleja una preocupación más amplia sobre la independencia y el funcionamiento efectivo de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos en el país. La situación plantea la necesidad de una revisión y una reforma estructural en la CNDH y en otras instituciones similares para asegurar que puedan cumplir con su importante misión de defender y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos.
