Los legisladores del Estado de México aprobaron castigar con prisión, hasta por ocho años, a quienes difundan imágenes de personas que hayan perdido la vida.
Castigarán a quien filtre imágenes de cadáveres
Para evitar que se repitan casos como el Ingrid Escamilla y Octavio Pérez Ocaña, los diputados del Estado de México aprobaron la modificación del Código Penal local para castigar con penas de tres hasta 12 años de cárcel, además de una multa de 500 a 1,000 UMA (Unidades de Medida y Actualización) a quienes filtren fotografías con cadáveres de personas, ya que estas acciones atentan contra el honor, la dignidad y la intimidad del fallecido, afectando la paz y privacidad de su familia.
Luzma Hernández Bermúdez, diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue quien promovió esta iniciativa con la que se pretenden castigar a todas aquellas personas que lleven a cabo la difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación y fotografía de personas que hayan perdido la vida. En este sentido, la legisladora expuso que esta modificación:
“Tiene como propósito fundamental salvaguardar la dignidad y honra póstuma de toda persona que pierde la vida, así como garantizar el acceso a la justicia a terceros, ante prácticas ilícitas cometidas, tanto por personas servidoras públicas como por cualquier otra persona”.
Las venden hasta en 150 mil pesos
De acuerdo con información publicada por Reporte Índigo, son las personas que trabajan en los servicios de emergencia y policiales quienes levantan las cadenas de custodia para tomar imágenes de los cadáveres y venderlas entre 500 y 150 mil pesos, de acuerdo con la importancia de la víctima o el accidente.
Este modus operandi se da en todos los niveles jerárquicos de los centros de procuración de justicia y las morgues de todo el país. De acuerdo con el reporte, tanto los primeros policías o peritos en acudir al lugar, como los altos mandos de seguridad, están involucrados en la negociación de la filtración y el cobro por fotos y videos de personas fallecidas.
Con información de El Financiero, Reporte Índigo y La Prensa