En medio de controversia por extinción de Fideicomisos prepara también recursos de inconstitucionalidad
El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha vuelto a la normalidad laboral este lunes después de un paro que se prolongó desde el 16 de octubre en protesta por la extinción de 13 fideicomisos que suman más de 15 mil millones de pesos. La medida, que se concretó el pasado viernes 27 de octubre con la promulgación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, ha generado un profundo descontento entre los trabajadores del PJF.
La reforma, aprobada por el Senado con 67 votos a favor y 48 en contra, puso fin a 13 de los 14 fideicomisos del PJF, dejando a los trabajadores preocupados por el impacto en sus beneficios y seguridad laboral.
Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, habló con El Universal acerca de las próximas acciones que planean tomar en respuesta a la extinción de los fideicomisos.
Trabajadores del Poder Judicial impugnan la extinción de fideicomisos por vulnerar sus derechos
Apenas tres días después de que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un grupo de 761 trabajadores ha iniciado un contraataque legal en contra de esta reforma. Argumentan que la misma vulnera sus derechos adquiridos, incluyendo pensiones y servicios médicos complementarios.
Los trabajadores han presentado un amparo ante un Juzgado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, utilizando los servicios de la firma de abogados Trusan & Roma, Abogados, conocida por promover amparos en contra de reformas impulsadas por Morena y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El amparo presentado en el marco de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial es el primer recurso legal de este tipo que se promueve en contra de estas reformas. Los representantes de la firma de abogados explicaron que los derechos que están siendo vulnerados incluyen jubilaciones, servicios médicos complementarios, y la implementación de reformas en materia penal y laboral.
Se espera que un juez se pronuncie sobre la admisión del amparo y la suspensión de las normas impugnadas a favor de los trabajadores en una fecha estimada para el próximo viernes. Además, se anticipa que, en última instancia, se determinará la inconstitucionalidad de las normas que se modificaron, incluyendo el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El artículo 224 en cuestión establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos además del mencionado anteriormente, que trata sobre el mejoramiento de la administración de la justicia.
La extinción de los fideicomisos se oficializó con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre, marcando el inicio del período de 30 días en el cual se pueden presentar amparos e impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Más amparos en proceso
Según Prado Gómez, en los próximos días, presentarán una serie de amparos legales en un esfuerzo por revertir la reforma y proteger los intereses de los trabajadores afectados. La estrategia incluye presentar los amparos en juzgados administrativos, que posteriormente serán remitidos a los juzgados auxiliares y finalmente llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El proceso de amparo, explicó el secretario general, llevará alrededor de 30 días en el caso de normas generales y se desarrollará en varias etapas. Aquellos trabajadores que tengan una categoría de confianza deberán presentar sus amparos individualmente, ya que no están representados por el sindicato. En cambio, los empleados sindicalizados tendrán la opción de presentar amparos colectivos.
La extinción de los fideicomisos afecta directamente a tres de ellos, incluyendo el fideicomiso complementario de gastos médicos mayores, así como los fondos de apoyo para retiro, jubilaciones y pensiones. Prado Gómez enfatizó que, más allá de los intereses de los trabajadores, es fundamental preservar el principio básico de respeto a la división de poderes, un elemento esencial de cualquier sistema democrático.
Respecto a la duración de los juicios de amparo, el secretario del sindicato señaló que, en general, toman al menos seis meses y, en algunos casos, pueden prolongarse aún más. Afirmó que la naturaleza del PJF no acelerará el proceso de resolución, ya que cada caso requerirá su propio análisis y seguimiento.
La promulgación de la reforma y la posterior extinción de los fideicomisos han generado incertidumbre y preocupación entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. A medida que avanzan los esfuerzos legales para revertir esta decisión, la controversia y el debate sobre la extinción de los fideicomisos en México continúan.
