A partir de la “transformación” en los programas de asistencia social en México con la llegada de la cuatroté, la transición del programa de transferencias monetarias antes denominado Prospera a las hoy llamadas “Becas Benito Juárez” han tenido un impacto negativo en los hogares más pobres en México, de acuerdo con Juan Ortiz, analista político y experto en gestión pública.
El cambio ha reconfigurado la forma en que se distribuyen los apoyos, enfocándose ahora exclusivamente en la educación y eliminando los importantes componentes de salud y nutrición que antes formaban parte de Prospera. Esto representa una pérdida considerable para las familias que dependían de estos servicios para mejorar su calidad de vida y bienestar general.
Con base en un estudio realizado por los economistas Susan W. Parker y Tom S. Vogl, Ortiz explica que, mientras Prospera exigía como condición la inscripción y asistencia escolar además de visitas regulares a clínicas de salud, Becas Benito Juárez ha relajado estas condiciones y eliminado completamente el apoyo para la salud.
Esto reduce la capacidad del programa para abordar problemas multifacéticos como la desnutrición y enfermedades prevenibles, que afectan desproporcionadamente a los hogares en extrema pobreza. El experto subraya que los montos de las transferencias se han vuelto menos adaptables a las variadas necesidades educativas, ofreciendo una cantidad fija que puede no ser suficiente para cubrir los costos reales asociados a la educación en diferentes niveles.
La estructura de Prospera permitía aumentos en las transferencias basados en el grado educativo y el nivel de marginación del municipio, beneficiando más a aquellos en situaciones de mayor necesidad.
Sin embargo, con la implementación de Becas Benito Juárez, se ha observado una disminución en la progresividad, lo que significa que las familias en zonas de alta marginación ahora reciben menos apoyo financiero que antes. Ortiz señala que esto podría llevar a una mayor desigualdad educativa y económica, ya que las transferencias uniformes no consideran las disparidades significativas en los costos de vida y las necesidades educativas entre diferentes regiones.
Finalmente, Ortiz resalta que, aunque Prospera y Becas Benito Juárez manejan presupuestos anuales comparables —30 mil millones de pesos en 2018 para Prospera y 50 mil millones en 2019 para Becas Benito Juárez—, la efectividad del gasto ha cambiado.
Con Prospera, los fondos se distribuían de manera más equitativa entre educación y salud/nutrición, asegurando un impacto más integral. En cambio, Becas Benito Juárez, al centrarse únicamente en la educación, ha reducido su alcance de impacto, afectando negativamente la cobertura y el beneficio total que las familias más pobres podrían recibir.
Este análisis profundo revela cómo cambios aparentemente administrativos en la política de bienestar pueden tener repercusiones duraderas y profundas en las comunidades más vulnerables, cuestionando si la reestructuración de estos programas realmente sirve a los intereses de quienes más los necesitan.
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