El comercio ambulante asfixia a negocios establecidos en el Centro de la CDMX; Senado pide diálogo para regularlo

El comercio ambulante es una práctica común y en muchos casos no regulada por las autoridades en la Ciudad de México. Existen más bien líderes que negocian con las alcaldías o el gobierno de la capital para mantener dicha práctica, la cual subsana la falta de empleos formales en el país.

En el Centro de la Ciudad de México, varios negocios de tradición se han visto afectados por el cierre constante de calles, la inaccesibilidad y el ambulantaje. Uno de esos sitios, retrata el diario La Jornada, es el restaurante El Taquito Taurino, fundado en 1917. Ubicado en la esquina de El Carmen y República de Bolivia, muy cerca de Tepito, el tradicional lugar fue visitado alguna vez por personajes como Marilyn Monroe, el Indio Fernández, Tin Tan, Cantinflas y el presidente Emilio Portes Gil, entre muchos otros.

Su propietario, Marcos Guillén, lamentó en entrevista firmada por Bertha Teresa Ramírez, que otros lugares tradicionales, como la Fonda de Santo Domingo, no hayan resistido a la epidemia y hayan cerrado.

Recordó que hace un año su negocio estaba cerrado, y aunque “le estamos echando muchas ganas —por el lugar en que estamos enclavados—, la situación no nos favorece. Estamos invadidos de mucho comercio informal, del cual no nos quejamos, no estamos en contra de ellos porque todos tenemos derecho a trabajar, pero sí está la situación un poco complicada”.

Advirtió que antes de la pandemia el restaurante empleaba a 32 personas; sin embargo, tras la crisis sanitaria sólo quedamos 14.

Regular el ambulantaje

Apenas hace un par de semanas, un juez determinó vincular a proceso a la líder de ambulantes del Centro Histórico, Alejandra Barrios Richard, acusada de los delitos de extorsión, robo en pandilla agravado y daño a la propiedad.

Por cuestiones como esta, en febrero de este año, el Senado llamó al Congreso de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo para analizar el dictamen de la Ley que Regula las Actividades de las Personas No Asalariadas, Prestadoras de Servicios por Cuenta Propia, Productoras de Bienes y Artesanías y de los Comerciantes en el Espacio Público.

“Se busca garantizar que comerciantes de la vía pública cuenten con condiciones necesarias para desarrollar sus actividades económicas”, expresó el órgano legislativo y se exhortó a los gobernadores de las entidades federativas y municipios a implementar políticas integrales para garantizar que los comerciantes de la vía pública cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades económicas.

Al presentar el dictamen, el senador Emilio Álvarez Icaza indicó que se debe de velar por la máxima protección, ejercicio y promoción de los derechos humanos, así como por el combate a la corrupción y al control político electoral de las personas que ejercen el comercio ambulante.

El legislador independiente estimó que en la Ciudad de México hay alrededor de un millón 300 mil familias que dependen del comercio en la vía pública como medio de subsistencia.

Ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, puntualizó, se requieren medidas que garanticen que las personas, cuya principal actividad es el comercio en la vía pública, cuenten con las condiciones dignas para las labores que permiten su sustento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que, debido a la pandemia, el trabajo informal creció en México 4.1 puntos porcentuales, para alcanzar al 51.8 porciento de la población económicamente activa.
En otro dictamen, el Senado exhortó al gobernador y a diversas autoridades de Morelos a adecuar y mejorar las condiciones de movilidad y libre tránsito para personas con capacidades diferentes.

La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, aseveró que, en México, el 12 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, que representa aproximadamente a más de 10 millones de personas.

Refirió que es fundamental que exista accesibilidad en las vías públicas, además de generar la infraestructura necesaria para que este sector de la población tenga una mejor calidad de vida y no encuentren limitación alguna para su desarrollo integral.