Exfuncionarios responsables por el colapso del tramo elevado de la Línea 12 piden a la FGR no ir a juicio.
Buscan otro tipo de arreglo
En oficio dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, exfuncionarios que tienen parte de responsabilidad en el origen del accidente que provocó el derrumbe del tramo elevado de la Línea 12, buscan un mecanismo alterno de solución luego de darse a conocer que CICSA no afrontará consecuencias penales a cambio de participar sin costo extra para el gobierno capitalino, en la rehabilitación de la línea dorada.
Entre los cargos por los que están siendo investigados se encuentra el de homicidio. Entre los firmantes, se encuentra Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector del Diseño de Obras Civiles del Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan Carlos Román Alvarado, expresidente de Obra; y Enrique Baker Díaz, exsubdirector de estructuras o ingeniería.
“Como se ha dado a conocer a la opinión pública la persona moral denominada Carso infraestructura y Construcción (CICSA), la cual tiene carácter de imputada en la presente carpeta de investigación ha celebrado un acuerdo reparatorio […] así las cosas, venimos a manifestar nuestra voluntad de participar en este mecanismo alterno de solución de controversias”.
Este lunes hay audiencia
Los solicitantes han sido citados este lunes 25 de octubre por un juez para comparecer en audiencia en la que la Fiscalía solicitará que sean vinculados a proceso por homicidio culposo, lesiones culposas, y daños a la propiedad.
Para evitar el juicio recurrirán al mecanismo alterno de solución de conflictos (MASC), una figura contemplada por la Constitución que permite negociar con las víctimas a través de un facilitador o intermediario y, lo más importante, no requiere que los implicados se declaren culpables.
Así se permitiría agilizar la reparación del daño en favor de las víctimas que dejó un saldo de 26 personas muertas y más de 80 lesionadas en mayo pasado. De alcanzarse un arreglo, tanto el Ministerio Público como el juez podrán autorizarlo y, con ello, se daría por cerrada la denuncia o proceso en contra de los que participaron en el acuerdo.
En la audiencia de hoy el juez definirá, a partir de los datos iniciales con los que cuenta y de los elementos que aporte la defensa, si se requiere o no vincular a proceso a los implicados o bien aplicar medidas cautelares como la prisión preventiva. La defensa, por su parte, tiene derecho a solicitar que dicha audiencia se difiera si consideran que no han tenido suficiente tiempo para revisar la carpeta de investigación. También podrán pedir un plazo de hasta 144 horas para preparar sus argumentos y tratar de frenar la vinculación.
Con información de Animal Político.
