Según las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo, ya ningún empleador podrá solicitar la carta de antecedentes no penales a quien aspire a una de sus vacantes.
¿Qué cambió en la ley sobre la carta de antecedentes no penales?
Para combatir la discriminación de personas con antecedentes penales, desde el pasado martes 10 de octubre, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, con 69 votos a favor, nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Según los cambios aprobados por los legisladores, que fueron remitidos a la Cámara de Diputados, a partir de ahora se prohíbe a los empleadores solicitar una carta de antecedentes no penales a las personas que aspiren a ingresar, permanecer o ascender en algún trabajo que se ofrezca en sus compañías (con excepción del ingreso a instituciones de seguridad pública o privada).
Sobre el ajuste, los legisladores argumentaron que la acción de solicitar una carta de antecedentes no penales puede convertirse en un obstáculo para que aquellas personas que ya hayan cumplido una condena puedan encontrar nuevamente un trabajo honesto que ayude a su reinserción productiva en la sociedad.
¿Cómo ayudará a los trabajadores no pedir este documento?
Con esta medida, presentada en el Congreso por Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se refuerza el principio de no discriminación en las contrataciones laborales, pues se prohibe a los empleadores el negarse a aceptar en sus filas a personas que tengan antecedentes penales.
En este sentido, se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del artículo 123 constitucional, para no discriminar a los trabajadores por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales.
Esto representa un gran avance en las oportunidades laborales que tienen las personas que salen de la cárcel, quienes “ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que solo tengan acceso a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos”.
En contraparte, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido del Trabajo (PT) señaló que esta medida es adecuada para la iniciativa privada, pero considera contraproducente para la administración pública el no pedir la carta de antecedentes penales a quienes ocupen cargos públicos.
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Con información de Infobae y Sin Embargo
