Políticos y empresarios han sido exhibidos como evasores fiscales en una nueva labor periodística que involucra a elites a nivel mundial.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) publicó documentos en una filtración masiva que involucran a una enorme cantidad de empresarios y políticos de diversos países que, con ayuda de bancos, asesores y despachos legales, han ocultado gran parte de sus patrimonio en paraísos fiscales.
Nombres de la clase política y empresarial mexicana salieron a relucir, entre los que destacan Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; Armando Guadiana, senador por Morena; celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala; así como empresarios, contratistas, gobernadores y ex gobernadores hasta amigos y familiares del ex presidente Enrique Peña Nieto.
En total, a 3 mil 47 mexicanos se les descubrieron negocios offshore para crear paraísos fiscales. Bajo sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas se han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
“La investigación Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.”
Andrea Cárdenas, Quinto Elemento Lab.
Entre los 11.9 millones de documentos filtrados, existen registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore. Esta información fue posible gracias al trabajo conjunto de 600 periodistas de 150 medios alrededor del mundo y provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.
Entre los objetivos de las sociedades offshore es mantener en privado el patrimonio a riesgo de ser víctima de delitos, conducir negocios internaciones, mantener activos o bien resguardar el patrimonio fuera del país. De hecho la figura no es ilegal en México.
El problema se presenta cuando estos esquemas son utilizados para esconder dinero o bienes procedentes de actos de corrupción así como para evadir pago de impuestos. También es cierto que la opacidad en la que se manejan permite que sea un recurso usado con regularidad entre empresarios, políticos y funcionarios públicos.
“Una revisión de muchos meses realizada por periodistas de Quinto Elemento Lab, El País, Proceso y Univisión a los Pandora Papers permitió conocer que más de 3 mil mexicanos o residentes de México participan en 1,241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difíciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo.”
En su conferencia matutina realizada en Puebla, se le cuestionó a AMLO su postura al respecto, sobre todo porque varios de los involucrados, son o han sido parte de su círculo cercano y que cobra especial relevancia porque la columna vertebral de su gobierno ha sido el combate a la corrupción. Incluso, cuando salió el caso de Panamá Papers hizo una declaración puntual sobre su rechazo al uso de paraísos fiscales.
“Yo respeto mucho lo del anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir […] debería de establecerse que se conociera el origen del dinero, cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada y es normal, y hay incluso países que viven de eso, eso es inmoral”
Julio Scherer Ibarra, que desde 2018 y hasta hace unas semanas era el consejero jurídico de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos a López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach.
Armando Guadiana Tijerina, el empresario minero y desde 2018 senador por Morena, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio. Respecto a este caso, en su conferencia, AMLO informó que el propio secretario se reportó con él para aclararle que su nombre sale pero se tratan de una cantidad correspondiente a su finiquito cuando salió de Grupo ICA en los noventas.
También se refirió a Bartlett y sólo atinó a decir que es patrimonio de su esposa, por lo tanto no hay conflicto de interés. Ironizó que de 3 mil, sólo salgan los nombres de personas cercanas a él.
Y aunque es de observarse por ser parte de funcionarios de la actual administración también figuran políticos y familiares de otros partidos: Jesús Murillo Ortega, hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam; Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa; Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga; Fernanda Castillo Cuevas, esposa del actual gobernador del Estado de México; Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez.
De igual manera, aparecen el secretario de gobierno de Coahuila, el jefe de la oficina del gobernador Cuahtémoc Blanco, el hermano de un exgobernador de Yucatán y el exgobernador priista de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez.
Por último, dijo no saber si es competencia del SAT y la UIF investigar a quienes aparecen en los archivos revelados sobre paraísos fiscales. Pero si lo es, se hará la investigación correspondiente.
Desde la filtración de los Panamá Papers, en México la legislación poco han avanzado para impedir que estos esquemas continúen siendo útiles para cometer este tipo de ilícitos, de hecho, no se conoce un caso sólido de algún implicado que haya tenido que rendir cuentas a la justicia. El SAT solo ha auditado a 5 personas que hacen uso de paraísos fiscales. En cambio, en otros países, ministros se vieron obligados a renunciar a raíz del escándalo.
“La vigilancia de las entidades pantalla es importante por tratarse de empresas creadas para esconder el patrimonio real de sus clientes y porque, según reveló la investigación internacional de ICIJ, están a menudo asociadas con delitos de evasión y defraudación fiscal, lavado de dinero, corrupción corporativa y política. Mientras el gobierno hace poco, al paso de los años se conoce que más mexicanos y actores de poder se benefician de la industria offshore en un país con una desigualdad creciente.”
Con información de Quinto Elemento Lab.
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