A un año de la inundación en Tula, damnificados aún esperan justicia

El 6 de septiembre del 2021, la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, se inundó por una decisión deliberada de las autoridades que tuvo como consecuencia la muerte de 17 personas y más de 70 mil damnificados que vieron destruido su patrimonio.

Víctimas de una decisión política

El 6 de septiembre de 2021, se desbordó el río Tula, ocasionando una tragedia que derivó en la muerte de 17 personas en el Hospital General de Zona No. 5 y la pérdida del patrimonio de miles de familias. Aunque al principio el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se tratara de una decisión política y achacó la inundación a “causas naturales y lluvias anormales”, finalmente tuvo que reconocer en noviembre que el desbordamiento del río fue consecuencia de una decisión deliberada de las autoridades para salvaguardar el Valle de México, la cual consistió en desviar aguas residuales de los túneles Emisor Central y Emisor Oriente al río Tula. A la devastación le siguieron una atención deficiente del desastre y la falta de apoyo del gobierno a los damnificados.

Por su parte, el gobernador Omar Fayad prometió que no habría impunidad para los responsables, pero días después señaló que “no había ninguna persona culpable por la inundación ni por las muertes. A estas declaraciones se unió el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Badillo”, reportó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Pese a que la decisión de saturar el río Tula fue consciente, ni Fayad ni Hernández Badillo han cambiado su postura al respecto.

Hace un año, autoridades de los 3 niveles de gobierno tomaron la decisión deliberada de inundar Tula, Hidalgo. Eso provocó la muerte de 17 personas y la pérdida de su patrimonio para miles. A un año de la inundación, poco han hecho por lxs hidalguenses.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Fue gracias a un informe de Conagua que se pudo conocer que el origen de la inundación se debió a las descargas constantes de aguas pluviales que llegaban hacia el río Tula desde la Ciudad de México a través del Túnel Emisor Oriente (TEO). Además, el informe revela que las autoridades sabían sobre una posible inundación desde el año 2009, de acuerdo con el Atlas de Riesgo de Hidalgo.

Un año sin justicia

A un año de los hechos, solo se ha avanzado en la investigación con personal del IMSS, pero no se ha determinado la responsabilidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, de Conagua o Protección Civil. Los habitantes de la ciudad señalan a las autoridades por no alertarlos ni prevenir la tragedia a pesar de tener conocimiento sobre los riesgos de su decisión, y los damnificados reportaron que el gobierno federal les entregó apoyos de 10 mil pesos y el municipal entregó colchones con un valor de máximo 100 pesos, los cuales fueron reconstruidos y además “tenían manchas de sangre o de orina y chinches”. En ellos se gastó el gobierno municipal 974.74 mil pesos, lo que equivaldría a 1,290 pesos por cada colchón.

Las personas damnificadas por la inundación han sido víctimas de promesas vacías y, después de siete meses, siguen sin recibir justicia. Los gobiernos que tienen el mandato de salvaguardar su integridad fueron negligentes al no considerar los riesgos de la inundación. Hoy las víctimas están obligadas a endeudarse con tal de regresar a su vida normal.

MCCI

Además, MCCI informó que alrededor de 35% de los damnificados aún no han podido regresar a sus casas, por “los daños estructurales que sufrieron y que no han podido reparar por la falta de ayuda del gobierno”.

Las personas en Tula afectadas por el desbordamiento del río viven con secuelas físicas, patrimoniales y emocionales. Ninguna de estas afectaciones han sido cubiertas por las autoridades de manera integral a partir de la inundación y con el inicio de la temporada de lluvias de este año crecen los riesgos de una nueva inundación.

MCCI

Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad