En un giro significativo en la administración de la transparencia y la privacidad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha tomado la decisión de iniciar una investigación de oficio contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta acción se origina después de que el presidente expusiera públicamente datos personales de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante una de sus habituales conferencias matutinas.
Adrián Alcalá Méndez, Comisionado Presidente del INAI, declaró que la investigación busca determinar la magnitud de la infracción y se comprometió a llevarla “hasta las últimas consecuencias”. La gravedad del asunto, según el INAI, radica no solo en la exposición de los datos sino en la repetición de estas prácticas, que podrían estar erosionando los principios de protección de datos personales en México.
Un desafío constante a la privacidad desde el púlpito presidencial
El incidente que disparó esta investigación ocurrió cuando López Obrador discutió detalles del caso “Márquez Padilla”, una investigación relacionada con supuestas irregularidades en Pemex. Durante la presentación, el presidente exhibió documentos que no solo comprometían la privacidad de los involucrados directos, sino también la de sus familiares, incluyendo datos potencialmente sensibles. Este acto ha resaltado la tensión existente entre la necesidad de transparencia en la gestión pública y la protección de la privacidad individual, una línea que, según críticos, el presidente ha cruzado repetidamente.
La línea entre transparencia gubernamental y violación de privacidad
Los representantes del INAI han enfatizado que el alcance de la investigación no se limita solo a evaluar la legalidad de las acciones del presidente, sino también a establecer un precedente claro sobre la importancia de manejar con cuidado la información personal, incluso en casos que involucren investigaciones de corrupción.
La Ley Federal de Transparencia permite la divulgación de información vinculada a actos de corrupción, sin embargo, la misma ley estipula la protección rigurosa de los datos personales. Este delicado balance es el que el INAI busca preservar a través de su “prueba de interés público”, que evaluará si el beneficio de divulgar la información supera el derecho a la privacidad de los individuos afectados.
Adrián Alcalá Méndez ha explicado que este tipo de investigaciones no solo son necesarias por el contexto específico de cada caso, sino porque establecen los límites y las responsabilidades del gobierno en cuanto al manejo de información sensible. La investigación también incluirá una revisión detallada de las políticas de privacidad que deben regir las acciones de todos los servidores públicos, incluyendo al más alto nivel. El resultado de esta investigación podría tener implicaciones profundas no solo para el gobierno actual, sino para la estructura misma de cómo se manejan los datos personales en el ámbito gubernamental en México.
Historial preocupante de exposiciones de datos personales
El caso de María Amparo Casar no es un incidente aislado en el historial del presidente López Obrador respecto a la exposición de información personal. A lo largo de su administración, ha habido varios incidentes notorios donde datos personales fueron revelados públicamente, a menudo en el contexto de su confrontación con medios de comunicación y figuras públicas. Uno de los más controvertidos fue cuando el presidente divulgó el número telefónico de una periodista del The New York Times durante una conferencia, justificándolo como un acto de transparencia.
En otro incidente, López Obrador exhibió los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, en un aparente intento de cuestionar su credibilidad. Este acto fue criticado no solo como una violación de la privacidad, sino como un uso indebido del poder presidencial para influir o intimidar a la prensa. Más recientemente, en julio de 2023, el presidente publicó en su cuenta de X un documento que detalla supuestos negocios de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, lo que resultó en acusaciones formales de abuso de poder y la posible iniciación de acciones legales.
Estos ejemplos destacan una tendencia preocupante que subraya las tensiones entre la administración actual y los principios de transparencia equilibrada y protección de la privacidad. Con la investigación en curso por parte del INAI, el debate sobre la ética de la transparencia y la privacidad en México se intensificará, esperando que el resultado brinde claridad y dirección en la gestión de la información personal en el ámbito público.
